Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras (2006-2009), coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre, además de un asesor pilar del nuevo Gobierno de Xiomara Castro, su esposa, declaró en las últimas horas que “el país está en bancarrota”.
Para Zelaya, “el presupuesto que dejó la dictadura es falso”, en relación a las cifras que la última administración hondureña plasmó de cara a 2022 en las distintas entidades dependientes del Estado.
Lamentó que en el país se invierta dinero en aristas que considera “no tan importantes” y que no existan recursos destinados, por ejemplo, al pago de maestros y sus contrataciones o nombramientos permanentes.
En relación al cisma legislativo superado en las últimas horas, con su intervención como factor preponderante, Zelaya estimó que “no es cierto que en política las cosas se arreglan de forma permanente”.
Zelaya medió en la crisis legislativa por la presidencia del Congreso Nacional, entre Luis Redondo y Jorge Cálix, poniendo fin a una convulsa situación que se extendió durante casi tres semanas en el país. Ayer, todas las bancadas sesionaron en el hemiciclo en Tegucigalpa, aunque aún el descontento de parlamentarios nacionalistas y liberales es notorio porque exigen “legalizar la nueva junta directiva”.
“En política los acuerdos se dan por un día y al día siguiente hay disidencias, eso pasa porque hay diferentes tipos de intereses y porque son seres humanos”, le dijo a la radio Stereo Noticias.
“La patria es para superar los problemas de una nación, no sólo intereses políticos. Se dio un gran paso ayer se espera que poco a poco avance para que el pueblo salga de esa represión que le tocó vivir durante 12 años y se construya un Estado democrático”, remarcó el expresidente.
“Es que este país tenía represión hoy la gente se manifiesta libremente en las calles. No tenemos una varita mágica para resolver los problemas de un solo; pero poco a poco se trabaja. Si es una manifestación legitima y pacifica no hay razón de golpearlos”, precisó sobre las últimas protestas de miembros del sector magisterial que exigen nombramientos en sus plazas.
