En manos del Congreso Nacional dejaron los maestros la solución del pago de salarios atrasados a unos cinco mil educadores.

Los dirigentes de los colegios magisteriales anunciaron ayer que definitivamente no quieren negociar con el ministro de Educación, Marlon Brevé, a quien consideran 'incapaz y mentiroso'.

Los docentes rechazaron la intervención de una comisión tripartita propuesta por la Secretaría de Educación porque a su juicio 'dilataría la solución del problema'.

Saturnino Sánchez, presidente de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, Fomh, afirmó que la solución está en manos del Congreso Nacional aprobando el presupuesto necesario para el pago de sueldos atrasados de los mentores.

Los educadores aducen que con la partida de 60 millones aprobada por el Congreso sólo se podrá honrar parcialmente la deuda, indicó el dirigente.

El ministro Marlon Brevé propuso que se integre una comisión del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y los colegios magisteriales.

Sin embargo, los educadores sostienen que el problema debe resolverlo el Congreso a través de un decreto en el que se designen 150 millones de lempiras.

Brevé reiteró que las demandas del magisterio sólo podrán resolverse al más alto nivel a través de un consenso entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional porque se trata de gastos no presupuestados, ya que la mayoría de plazas fueron creadas por los diputados a través de decretos no consensuados ni con la Secretaría de Educación ni con Finanzas.

Según el ministro, el Gobierno no tiene capacidad de pago. Dijo que en junio se pagó una planilla complementaria de 2,600 maestros, en julio otra de 3,072 y el 5 de septiembre de 2,376.

'Son 8 mil docentes que ocupan unas 5 mil plazas a quienes se les ha cumplido.

Son plazas creadas en su gran mayoría por dos decretos aprobados por el Congreso Nacional, pero no fueron presupuestadas', agregó.

Los maestros aducen que hay 3 mil colegas que esperan la cancelación de sus salarios; de ellos, unos 1,280 tienen problemas por una disposición en el presupuesto que prohíbe tajantemente las divisiones de plazas.