Un grupo de maestros provocaron caos vial en la tercera avenida de San Pedro Sula, quienes exigen el control del Instituto de Previsión Magisterial, Inprema, y el pago atrasado de al menos unos seis mil maestros.
También en Tegucigalpa el gremio magisterial desde muy temprano salieron a las calles para protestar contra las medidas del Gobierno y por la no privatización de la educación.
En el centro de Tegucigalpa agentes de la Policía Nacional cerraron varias calles para evitar que los maestros provoquen caos y daños a la propiedad privada.
El viceministro de Educación, Juan Carlos Contreras, afirmó que ya inició el proceso de contratación de nuevo personal en las direcciones departamentales y distritales de todo Honduras, bajo la supervisión de la Secretaría de Educación, el Tribunal Superior de Cuentas
El funcionario instó a la dirigencia magisterial a retornar a sus labores y afirmó que respeta el nombramiento de una comisión por parte del gobierno de Honduras para mediar en la problemática. Dicha comisión está conformada por la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Ana Pineda, y el director del Instituto Nacional Agrario, INA, César Ham.
'Yo esperaría que en esta comisión no actúen como parte de ningún grupo, sino que actúen como funcionarios públicos y mientras seamos funcionarios públicos le debemos obediencia al presidente Lobo', señaló.
Los maestros han manifestado que su intención es negociar directamente con el presidente Porfirio Lobo y no con intermediarios. No obstante, se espera que a mediodía tomen la decisión de aceptar o rechazar la nueva comisión aprobada ayer en Consejo de Ministros.
Alcaldes de Honduras apoyan ley educativa
Allan Ramos, alcalde de Puerto Cortés, reveló que desde hace un año han puesto en práctica la nueva ley educativa, obteniendo resultados favorables, pues los niños han conseguido un mayor caudal de conocimientos.
La Ley de Incentivo a la Participación Comunitaria para el Mejoramiento de la Calidad Educativa, será socializada en cabildos abiertos simultáneos el 2 de abril, en los 298 municipios del país, muchos alcaldes ya se han interesado en conocerla y apoyarla, mientras otros siguen pensando que se trata de “municipalizar” la educación.
“Hay toda una política local en materia educativa, hemos implementado un proyecto de calidad y competitividad en materia educativa”, aseveró el funcionario.
Señaló que el puerto tiene su propio modelo de incentivos para mejorar la calidad.
“Hoy aparece una ley de incentivos y muchas de las cosas que ahí se plantean Puerto Cortés ya las hace y no para privatizar ni municipalizar la educación, sino que la calidad educativa de nuestros niños sea superior.
Lo que pedimos al Gobierno y al gremio magisterial es que busquemos un entendimiento en beneficio de los escolares, no es justo que se les dañe a ellos que no tienen culpa”, manifestó.
Respaldan iniciativa
Thelma Pérez, alcaldesa de Santa Bárbara, explicó que están respaldando la ley, pues beneficiará la educación de los niños.
“No hay privatización ni municipalización, la Constitución de la República dice que la Educación tiene que ser pública, gratuita y obligatoria. Los maestros al cerrar las escuelas están patrocinando la privatización”, expresó Pérez.
Añadió que en las escuelas principales del centro no se están dando clases y que por eso reiteran su respaldo a la ley.
“Estamos apoyando la ley para darle legalidad a la participación ciudadana”, aseveró.
La misma opinión tiene el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Amhon, Carlos Bendeck.
“Estamos de acuerdo con la iniciativa, si esta ley pretendiera privatizar la educación fuéramos los primeros en oponernos”, expresó Bendeck. Añadió que la posición de los alcaldes del país es de acuerdo a apoyar la iniciativa si busca como único propósito el mejoramiento de la calidad educativa.
Lo que esperan con esto es que se cumplan los 200 días clases y el establecimiento de un cuerpo colegiado de amplia participación en el que los alcaldes serían uno de los participantes.
Para el alcalde de la capital, Ricardo Álvarez, cualquier determinación que se tome debe ser pensando en el bienestar de los niños y asegurarles una educación de calidad.
“Lo importante es privilegiar el diálogo, tanto las autoridades de gobierno, los maestros, padres y los líderes comunitarios debemos enfocarnos en lo que más le conviene a la niñez hondureña, la que se merece tener una educación de calidad que garantice un buen futuro tanto para ellos como para la nación”, dijo.
Mientras Astor Amaya, alcalde de La Lima, dijo que nadie les ha hablado de la ley, sin embargo, es del criterio que los maestros y padres deben ser los primeros en conocerla.
“Nosotros no vamos a apoyar la ley y creemos que se tiene que socializar lo suficiente, están haciendo esto a la carrera y no debe ser así, tiene que haber un proceso que involucre a todos los sectores”, refirió Amaya.
Liberales no apoyan ley
La Ley de Incentivos a la Participación Comunitaria para Mejorar la Calidad Educativa de momento no es apoyada por los diputados liberales porque en el proceso de socialización no han participado los maestros.
Así lo expuso el jefe del colectivo parlamentario, José Alfredo Saavedra, quien hizo un llamado al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, para que detenga el proceso de socialización, ya que no es conveniente en este momento de crisis magisterial, dijo.
Saavedra sostiene que dicha bancada no apoyará la municipalización de la educación porque las alcaldías no tienen la logística necesaria para ello.
“En algo que coincidimos en la bancada es que el tema de la municipalización es un tema que no vamos a apoyar porque las alcaldías no tienen la logística necesaria, no tienen el soporte administrativo necesario y estoy hablando de la mayor parte de las municipalidades en Honduras”, expresó Saavedra.
En esas condiciones, manifestó el congresista, “la medicina nos puede salir peor que la enfermedad”.
Sin embargo, dijo que existe la excepción “de unas alcaldías con estructura y aparato administrativo, pero en términos generales las municipalidades no tienen esa capacidad”, aseveró el funcionario.
Comisión mediadora
A fin de irle buscando una salida a la crisis magisterial que ya lleva tres semanas, el Gobierno nombró a una nueva comisión que tendrá la responsabilidad de mediar en el conflicto con los maestros.
La comisión nombrada ayer por el presidente de la República Porfirio Lobo en Consejo de Ministros, está conformada por la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Ana Pineda y el titular del Instituto Nacional Agrario, INA, César Ham.
Ham, formará la comisión como representante del Partido Unificación Democrática, UD.
Lobo Sosa instruyó a los mencionados para que también sostengan reuniones con los fiscales de Derechos Humanos y de la Niñez.
La semana pasada el mandatario nombró a los ministros de Educación, Alejandro Ventura, y al secretario de Planeación, Arturo Corrales, para dialogar, sin embargo las negociaciones no tuvieron fruto debido a que la dirigencia magisterial alegó desconfianza de ambos funcionarios.
A la nueva comisión electa, Lobo pidió que recomendaran al magisterio dejar de protestar en las calles y que en lugar de eso atiendan los llamados al diálogo.
Lobo enfatizó en encontrar la salida a la crisis sin recurrir a la confrontación.
Sin embargo advirtió que mantiene su postura de “calle tomada, calle que desalojo”.
Zipizape entre ministros
El tema del conflicto magisterial también ha polarizado a los funcionarios del Gobierno.
Las discrepancias fueron protagonizadas en el Consejo de Ministros por la ministra Ana Pineda y el secretario de Seguridad, Óscar Álvarez.
Luego que Pineda ofreciera un informe sobre los logros conseguidos del país en el examen periódico de derechos humanos en Ginebra, hizo una reflexión al Presidente en cuanto a las últimas acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas para disolver tomas de vías públicas.
“Señor Presidente, hay situaciones que merecen la atención de todos, uno de ellos es el resultado del conflicto magisterial suscitado el pasado viernes 18 y el día de ayer 21, donde el gremio magisterial y miembros del orden público se han visto enfrentados”, indicó Pineda.
La funcionaria aseguró que “con estos hechos, nuestro país se ve expuesto a nivel nacional e internacional y debilita el nivel de credibilidad que ya hemos obtenido”, reclamó.
Posterior a la participación de Lobo Sosa y de César Ham, el encargado del despacho de Seguridad indicó que la Policía ha actuado en base a ley e indicó que la libertad de locomoción es un derecho de todos los hondureños.
“Estoy de acuerdo en que con conflicto no se va a resolver el problema, pero lo que sí le aseguro es que la Policía ha actuado con profesionalismo, los heridos no son los profesores” indicó el funcionario.
Álvarez aseguró que la Policía está en disposición de ser investigada de cualquier organismo internacional.
“Mi querida ministra Ana Pineda, hay que deducir responsabilidades por violar tantos derechos humanos como la educación de los niños” concluyó Alvarez, quien al final de su participación fue ovacionado por los funcionarios.
Álvarez leyó los artículos de la Constitución que garantizan el derecho a la libre locomoción y la potestad de disolver manifestaciones que tiene la Policía cuando se violentan esos derechos.
En consejo de Ministros se aprobó la apertura de una ventanilla única para atender los temas de vivienda y se dejó a voluntad del Presidente abrir una secretaría de vivienda en los próximos meses.
También se aprobó la moción propuesta por Finanzas de reordenar la misma y crear la Dirección de Control de Dispensas y Exoneraciones.
De igual forma se anunció la expropiación forzosa de 8 colonias en la zona norte del país.
L82 millones al mes reciben colegios magisteriales
Tegucigalpa. Exorbitantes sumas de dinero transfieren cada mes los maestros a los colegios donde se agremian.
Un aproximado de 82 millones 556 mil 546 lempiras deducía al mes el Gobierno para transferirlo a los seis colegios magisteriales.
Las autoridades de Educación ordenaron el pasado lunes que el pago de cuotas por afiliación a colegios magisteriales dependerá de la voluntad de pago de cada maestro y no de deducciones que normalmente efectúa el Gobierno.
Los seis colegios magisteriales en el país reciben millonarias cifras por sus afiliados mensualmente. En el caso del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosumah, tiene en su totalidad 39,455 afiliados.
Dicha institución percibe mensualmente cerca de 45 millones de lempiras por las aportaciones mensuales de cada maestro afiliado. Por la cantidad de dinero que recibe cada mes, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Copemh, ocupa el segundo lugar, con un total de 9 millones 512 mil 624 lempiras.El monto lo pagan los 13,824 afiliados de educación media que cotizan con la institución.
El Sindicato Profesional de Docentes Hondureños, Sinprodoh, recibe mensualmente 8 millones 198 mil 191 lempiras. El número de afiliados del Sinprodoh es de 14,522 maestros.
El Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, Pricphma, tiene un total de 13,720 afiliados. La determinación del Gobierno hará que esos afiliados paguen voluntariamente unos 8 millones 179 mil 985 lempiras. Los 13,510 afiliados del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, Coprumh, pagarán voluntariamente desde este mes un total de 7 millones 179 mil 985 lempiras a dicha institución por las aportaciones correspondientes al mes de marzo.La organización magisterial que menos dinero percibe al mes es el Colegio de Pedagogos de Honduras, Colpedagogosh.
Dicha institución tiene un ingreso mensual por aportaciones de casi 4 millones de lempiras. El total de afiliados del Colpedagogosh es de 4,959 maestros.
Cada colegio magisterial estipula la cantidad que cada afiliado debe pagar por la misma. Hay gran cantidad de docentes que mantienen afiliación con más de un colegio magisterial. En general gira alrededor del 3 por ciento de los sueldos.El monto por afiliación varía entre los L350 y L450 por docente.
Restituirán derechos a niños
Tegucigalpa. El Ministerio Público, MP, pedirá al Juzgado de la Niñez que ordene la restitución del derecho a la educación a niños y jóvenes de centros educativos públicos.
“Por la falta de atención de los maestros lo que podemos hacer es simple y sencillamente presentar acciones de restitución de derechos”, dijo la directora de Fiscalías, Danelia Ferrera.
Las acciones judiciales las presentará la Fiscalía de la Niñez tras evacuar una investigación en cada caso particular. Una vez presentadas, el Juzgado cita a las partes, autoridades de la escuela o colegio y la Fiscalía, a efecto de exponer argumentos de cargo y descargo. El Juzgado de la Niñez podrá resolver ordenar al director del centro educativo la reapertura de clases.
En caso de desatender la orden judicial se expone a ser acusado por el delito de desobediencia. En relación al tema aseguró que el MP procederá por actos vandálicos perpetrados en diversos puntos de la capital, por manifestaciones de docentes.Además, el MP analiza imputar el delito de sedición, que son de orden público.
Padres exigen clases
En San Pedro Sula, en la escuela José Trinidad Cabañas, los padres se apostaron desde tempranas horas frente al portón del centro educativo para exigir a los maestros volver a los salones de clases.
En esta escuela se suspendieron las clases el lunes anterior, sin embargo, era el primer día que estos docentes atendían el llamado de la dirigencia.
“Ellos siempre dan clases, pero el lunes las interrumpieron, por eso nos unimos los padres para decirles que si no retomaban las clases buscaríamos a los maestros que está contratando el Gobierno”, señaló Claudia Mejía, madre de familia.
Por su parte la directora de este centro educativo, Mercedes Cruz Discua, explicó que cada maestro es responsable y que no les puede obligar a dar clases.
“Yo cumplo presentándome todos los días, pero ya las clases volvieron a la normalidad porque lo prioritario son los niños y nos debemos a las aulas. No creo que la manera correcta de protestar sea lo que están haciendo en las calles”, agregó. En la Presentación Centeno los padres informaron que algunos maestros sí están impartiendo clases y otros no.
