Insólito robo de avioneta en base aérea de las FF AA
El robo de una avioneta que estaba en custodia en la base aérea Armando Escalón Espinal de San Pedro Sula fue sin duda una de las noticias más impactantes del año.
La seguridad de la instalación militar fue violada la noche y madrugada del domingo 31 de octubre por cinco sujetos fuertemente armados que ingresaron a la base aérea y se llevaron la avioneta Beechcraft bimotor, modelo King Air 200, serie BC23, blancas con líneas doradas con matrícula mexicana XB-K556/XB-KSC que aterrizó en el aeropuerto Ramón Villeda Morales el 12 de septiembre de 2008.
Vea: Resumen del 2010 Multimedia
Los delincuentes golpearon y amarraron a los alferes Marvin Javier Calderón y Luis Alberto Sánchez Flores, quienes fueron llevados a Medicina Forense y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las investigaciones.
La coordinadora noroccidental del Ministerio Público, Marlene Banegas, informó que para robar la aeronave hubo un plan minucioso preparado desde hacía dos semanas, según lograron recavar. “La pista tenía todo lo necesario para levantar la aeronave, también todos los días la calentaban y hace una semana se extravió una de las dos llaves de la aeronave y eso no fue reportado”, indicó.
Por el insólito robo rindieron declaraciones el teniente coronel Juan Carlos González Molina y el coronel Hilmer Enrique Hermida Alvez; sin embargo, en un informe presentado por el propio ministro de Defensa, Marlon Pascua, al presidente Porfirio Lobo Sosa se le estableció que 19 elementos de las Fuerzas Armadas estuvieron involucrados en el hecho.
El Juzgado de Primera Instancia Militar dictó el martes 16 de noviembre auto de prisión a los 19 militares por el delito de violación de consigna y el supuesto robo de la avioneta.
Desde que se conoció el hecho, cinco oficiales y 14 suboficiales y miembros de la escala básica fueron aislados en la unidad militar mientras se desarrollaban las investigaciones. Sorpresivamente los cinco oficiales fueron llevados al Catorce Batallón de Infantería con sede en Santa Cruz de Yojoa y al día siguiente el resto de suboficiales y miembros de la escala básica fueron llevados al Segundo Batallón de Artillería en Pinalejo.
Nueve días después del robo de la avioneta el Juzgado de Primera Instancia Militar en San Pedro Sula comenzó las diligencias de investigación amparándose en el Artículo 90 de la Constitución de la República que establece que se reconoce el fuero de guerra o militar para los delitos y faltas de orden militar.
El caso continúa en investigación. El Ministerio Público abrió indagaciones por presuntas detenciones ilegales dentro las instalaciones militares donde se depositó en custodia a los 19 militares vinculados al robo de la avioneta.
Detrás del hecho está el crimen organizado, según las autoridades.
Vicepresidente del CN agrede a puñetazos a miembros de la UCD
Aunque todo se resolvió con un apretón de manos y una disculpa, la foto de Marvin Ponce dándole un puñetazo a Fernando Anduray, miembro de la Unión Cívica Democrática, UCD, quedará archivada en la historia como muestra de la intolerancia que ha dominado en las altas esferas.
El 20 de octubre el diputado de Unificación Democrática y vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce Sauceda, agredió física y verbalmente a Anduray y a Jimmy Dacaret.
La ira de Ponce se desató cuando los representantes de esta organización participaban en un plantón pacífico en la capitalina plaza La Merced.
Ponce antes del incidente estaba en su oficina del CN y se trasladó a la plaza donde estaba un pequeño grupo de zelayistas, quienes al unísono les gritaban “¡golpistas! ¡ladrones!” a los miembros de la UCD.
El diputado del partido Unificación Democrática, UD, electo por cociente electoral, tomó el micrófono para insultar a los miembros de la UCD, pero además se acercó para agredirlos.
Dos días después de la bochornosa escena del diputado, los afectados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de los Derechos Humanos para sentar un precedente de que se respeten los derechos de los ciudadanos que tienen pensamientos diferente y para que los funcionarios entiendan que no es con violencia que se resuelven las cosas. Ponce se defendió diciendo que los denunciantes lo insultaron primero, por eso reaccionó con violencia.
Porsche varado en la ENP sepultó beneficio de dispensas a diputados
Un lujoso vehículo marca Porsche que estuvo varado en la aduana de Puerto Cortés y se introdujo con una dispensa a nombre del diputado José Mauricio Rosales Cardoza resultó estar consignado a nombre de Dariela María Pineda, una joven de 22 años y supuesta novia del hijo menor del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.
El lujoso auto sería trasladado a República Dominicana, país que durante 2010 acogió a Zelaya y a su familia. La joven Pineda negó ser novia de “Melito”, aunque sí reconoció que ella acompañó a la que fuera la familia presidencial en varios viajes al extranjero.
El dato sobre la dispensa con la que se introdujo al país el lujoso auto salió a la luz pública en medio del escándalo al conocerse que algunos diputados seguían tramitando dispensas para vehículos pese a que ese beneficio fue eliminado el pasado 16 de marzo. La camioneta Porsche Cayene 2010, equipada con un motor 4,800 centímetros cúbicos y valorada en 88,000 dólares (1,673,760 lempiras) causó revuelo en todos los escaños gubernamentales, ya que la dispensa incluso fue autorizada por la Secretaría de Finanzas.
Según los manifiestos de carga, una de las consignatarias del vehículo es Dariela María Pineda Mendoza, con direcciones en Tegucigalpa y República Dominicana. Ella es señalada como la novia de José Manuel Zelaya Castro, hijo del ex mandatario. El joven vive en República Dominicana con su padre, país donde la empresa Alemautos Panamá S.A. le solicitó a la DEI que reexportara el carro después de que el director adjunto de Aduanas, Miguel Mejía, lo declarara abandonado al no ser retirado en los 20 días hábiles que otorgan las leyes nacionales.
El 26 de julio, el director de la DEI anunció que lo subastarían y que el diputado Rosales Cardoza debía pagar 1.3 millones de lempiras en concepto de impuestos de introducción.
Rosales introdujo a Puerto Cortés el 1 de marzo de 2010 la lujosa máquina procedente de Panamá.
En medio del rechazo y la polémica vuelven a funcionar las grúas
En septiembre pasado la Corporación Municipal de San Pedro Sula acordó autorizar de nuevo el uso de la grúa para sancionar a los ciudadanos que se estacionan mal en el centro de la ciudad.
La medida de entrada fue polémica, pues la disposición entró en vigor sin que los munícipes siquiera supieran quiénes eran los dueños de las grúas, situación que causó sospechas porque trascendió que algunos propietarios eran incluso regidores municipales.
La decisión se tomó durante la sesión número 34, luego que el comisionado de Transporte, Otomán Alva Castellanos, presentara la moción que fue aprobada por unanimidad. El 24 de junio la Corporación Municipal decidió suspender el uso de la grúa debido a las constantes quejas de los ciudadanos por el abuso que cometían en perjuicio de ellos. El Ministerio Público abrió una investigación por el procedimiento que se siguió al adjudicar el servicio y el cobro del mismo, ya que no se establece en ninguna ley que deben ser 500 lempiras, como se está haciendo.
Las autoridades sospechan que para despistar, algunos regidores habrían utilizando prestanombres para ocultar la verdadera identidad de los propietarios de la maquinaria.
Días atrás el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, empezó una investigación por el servicio de grúas que aprobó la Corporación Municipal para determinar si existieron delitos administrativos en la forma en que se procedió a la aprobación de la normativa. Las autoridades también abrieron una investigación al regidor nacionalista Reynaldo Rouglas, acusado de haber agredido a dos periodistas al momento en que estos le consultaban en relación al polémico tema de las grúas.
Carlo Costly, el jugador seguido por la polémica
“Apenas salgo de una y ya me meto en otra”, fue lo primero que dijo Carlo Costly a finales de octubre luego de salir de los tribunales comunes respondiendo a una querella que le interpusieron por difamación.
Costly hasta ahí es consciente de que el 2010 ha sido sin duda el año más polémico de su carrera. Días después sale bien librado tras una audiencia de conciliación con su ex representante, Manrique Amador.
Este año comenzó muy bien para el atacante, que es hijo del ex jugador y mundialista hondureño Anthony Costly. El Vaslui de Rumania lo contrata y logra hacer una buena campaña. Hasta mayo todo marcha a la perfección: era el goleador del equipo, la figura y el atractivo en los estadios rumanos, pero de repente sucede lo inesperado. Una fuerte entrada por parte de un jugador del CRF Cluj alerta a la Selección de Honduras. “El atacante Carlo Costly se lesiona y podría perderse el Mundial”, se anunció en exclusiva en los mensajes del 2407 de GOLAZO.
“Estoy bien”, contesta el jugador. A los días llega para hacerse unos exámenes en San Pedro Sula y se confirma que no jugará en el Mundial. Luego se marcha a Italia porque dice que lo operarán y que podrá participar. El entrenador de la Bicolor, Reinaldo Rueda, no lo inscribe y Costly lo acusa de “traidor”.
En junio graba un video dominando la pelota, lo sube en la red social Twitter anunciando que él podía jugar el Mundial. Días después sigue creando polémica, esta vez diciendo que el presidente del Vaslui, Adrian Porumboiu, es un dictador y que no regresará. Porumboiu le contesta con una “bomba”: “No quiere presentarse al equipo porque se metió con la mujer de un empresario turco que prometió que lo mataría si lo volvía a ver”.
El caso va a la Fifa y en octubre el máximo organismo del fútbol declara libre a Costly. Una semana antes, el jugador había acusado a su ex representante Manrique Amador. “Me ha robado”. Luego de eso Amador presenta una querella por difamación y lo cita a los tribunales en donde sólo ocuparon una audiencia de conciliación para terminar en paz.
Gobierno desata controversia por expropiación de Canal 8
En una decisión sumamente polémica, el Congreso Nacional, que preside el nacionalista Juan Orlando Hernández, apoyó el pasado martes 7 de septiembre una iniciativa de ley del presidente Porfirio Lobo, quien ordenó expropiar la frecuencia del Canal 8 propiedad del empresario Elías Asfura para que pasara a ser del Estado de Honduras. La legislatura ratificó la determinación de adjudicar otra frecuencia a Asfura, propietario de la firma Teleunsa, quien rechazó la medida. El decreto fue aprobado por 84 de los 128 diputados, en su mayoría del Partido Nacional, pese a una sentencia firme emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo que otorgó el derecho a Teleunsa.
Un grupo de 32 legisladores lo rechazó y 12 se abstuvieron de votar en la sesión. En 2008, el Gobierno de Manuel Zelaya se adjudicó la señal del Canal 8. Asfura inició entonces un proceso de apelación ante los tribunales y en noviembre la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa ordenó al Estado suspender sus transmisiones, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Destituyen a ministro de industria y comercio por lujosa oficina
El pasado 9 de noviembre el presidente Porfirio Lobo determinó separar al secretario de Industria y Comercio, Óscar Escalante, porque solicitó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada 730,000 lempiras para remodelar su oficina, situación que fue considerada como una violación al Código de Ética de los Funcionarios Públicos. La oficina de Escalante tiene lujoso muebles y hasta se construyó un bar con finas maderas, paredes enchapadas con porcenalato de cobre y mosaicos de vidrio y acero inoxidable.
Las cortinas fueron traídas desde España a un costo aproximadamente 281,000 lempiras. El despacho de Escalante fue finamente decorado, pero el vicepresidente del Cohep aclaró que sólo cubrieron los gastos de la remodelación de obra civil, como electricidad, piso, cielo falso, pintura y puertas.
Doble publicación de la Gaceta estremeció el comienzo de 2010
El año 2010 comenzó con un tremendo escándalo desatado por la doble publicación del diario oficial La Gaceta número 32,120 del 10 de febrero.
Las dos ediciones salieron a luz pública el pasado 22 de enero, cuando una apareció con 16 páginas y otra con 32. En una aparece publicado el decreto de concesión de la represa hidroeléctrica José Cecilio del Valle, conocida como represa de Nacaome, y en la otra no.
Se imprimieron veinte versiones de la edición de La Gaceta, donde se consigna la concesión de la represa Nacaome, y mil de la otra versión, donde no aparece ese decreto.
Por el escándalo conocido como “el gacetazo”, la jueza de lo Penal Elvira Meza dictó auto de prisión contra la gerente y el coordinador de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, Enag, Martha Alicia García Casco y Marco Antonio Rodríguez Castillo, que fueron acusados por el Ministerio Público por abuso de autoridad.
El 10 de febrero se conoció que con el doble tiraje se pretendía favorecer la concesión de la represa Nacaome en condiciones desfavorables para el Estado de Honduras. Los decretos de ampliación, publicados el 22 de enero, quedaron sin validez.
A inicios de noviembre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, analizaba si revocaba o no el auto de prisión dictado contra Martha Alicia García.
Esto fue en respuesta a un recurso de amparo promovido por la defensa de la imputada, a quien la Fiscalía contra la Corrupción supuso responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
Mel Zelaya y su gente de confianza demandan a Honduras ante la CIDH
Una semana después de que Porfirio Lobo firmara el salvoconducto para que viajara a República Dominicana en calidad de “huésped”, el ex presidente Manuel Zelaya pidió que se dictara sentencia contra Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además de Zelaya, entablaron la denuncia contra el país los ex ministros Enrique Flores Lanza, Patricia Rodas, Rixi Moncada y Rebeca Santos, el ex presidente del Banco Central, Edwin Araque y el ex secretario privado del ex gobernante, Enrique Reina García.
Según documento publicado en exclusiva por LA PRENSA, Zelaya y sus allegados presentaron la demanda “contra el Estado de Honduras por la perpetración del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y por las violaciones de derechos humanos imputables al régimen de facto” contra todos ellos.
Los demandantes piden que “se dicte sentencia contra el Estado de Honduras para establecer las reparaciones que fueran de rigor y el restablecimiento de la democracia a través de la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Además que “se adopten medidas conservatorias urgentes a nuestro favor; particularmente que se ordene la nulidad de los procesos violatorios de nuestros derechos y la suspensión inmediata de la ejecución de órdenes de captura hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya examinado el caso y, conforme al artículo 50 de la Convención, haya adoptado una posición definitiva sobre el fondo del asunto o, de elevarse el caso a la Corte, ésta haya emitido la sentencia correspondiente”.
El requerimiento también establece que “la comisión le solicite a la corte medidas provisionales a favor del Zelaya, sus familiares y ex ministros”. El pliego de exigencias fue extenso.
Daniel Ortega asesora y reúne a zelayistas
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, participó este año como anfitrión del reencuentro del expresidente Manuel Zelaya y los miembros de la llamada Resistencia.
A comienzos de octubre, Ortega encabezó en Managua el encuentro que por tres días reunió a Manuel Zelaya y a sus seguidores. El lugar de la reunión no fue revelado, pero en Internet varios portales mostraron las fotos donde se aprecia a Zelaya, Ortega y dirigentes del zelayismo abrazando la bandera del FNRP.
Las escenas fueron blanco del análisis de sectores políticos que ven con preocupación la intervención del Presidente nicaragüense en una agrupación a la que se ha acusado de recibir apoyo de Venezuela.
Hombres armados en el Aguán atacan a fotógrafo de LA PRENSA
Los grupos irregulares que operan en el Bajo Aguán sí existen y portan armas de guerra. Las pruebas que algunos sectores exigían sobre la existencia de hombres armados sembrando el caos en esa zona productiva de Colón fueron captadas en exclusiva por un fotógrafo de LA PRENSA que fue testigo y víctima de un grupo de al menos 15 sujetos que lo amedrentaron con fusiles AK-47 y M14, lo atacaron a tiros y tomaron por rehén a un oficial de policía.
El ataque ocurrió el 24 de noviembre en la finca El Tumbador, una de las propiedades invadidas por supuestos grupos campesinos que reclaman la propiedad de las plantaciones y las tierras. La situación hizo que se intensificara la acción policial y militar para devolver la paz al sector.
Abrumadora delegacion viajó al mundial en Sudáfrica
Tras dos décadas de espera, los hondureños volvieron a ver una selección de fútbol en un mundial. La emoción por estar en Sudáfrica hizo que algunos no se conformaran con ver los partidos en televisión.
Unos supuestamente invitados por el Gobierno, otros por la Federación de Fútbol, engrosaron una extensa lista de al menos 70 personas que conformaron la multitudinaria delegación que viajó al país sede del mundial de fútbol. Pero la delegación no sólo iba integrada por personas afines al fútbol.
La comitiva fue integrada por varios funcionarios públicos, entre ellos diputados y el propio presidente Porfirio Lobo Sosa que, ante los cuestionamientos por la numerosa comitiva que viajaba, aseguró que iba costeándose con su dinero los costos del viaje de él y su familia.
