El presidente Porfirio Lobo afirmó ayer que las pruebas de confianza practicadas a los miembros de la Policía Nacional son legales y “no deben inquietar a nadie”.
El gobernante participó ayer en la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, realizado por primera vez, en el cuartel general de la Policía en Casamata.
Varios oficiales y agentes que resultaron aplazados en las pruebas vienen cuestionando que el proceso que desarrolla la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) es ilegal.
De 400 policías y civiles sometidos al examen del polígrafo como parte de las pruebas de confianza, 124 resultaron aplazados, entre estos hay cinco comisionados y 14 subcomisionados.Algunos de estos comisionados, subcomisionados y otros altos oficiales ya han sido despedidos o suspendidos de sus puestos para declararlos a disposición con el fin de darles de baja.
Lobo afirmó que la aplicación de las pruebas de confianza está fundamentado en ley, tanto en la Ley Orgánica de la Policía como en los decretos aprobados por el Congreso Nacional a fin de garantizar la reestructuración y depuración de la Policía Nacional.
“Esto no debe inquietar a nadie, si alguien se siente afectado con los procedimientos implementados, tiene el derecho de ir ante la instancia judicial y pedir a la Corte Suprema de Justicia que le restituya su derecho, si considera que sus derechos constitucionales le han sido violados”.
“¿Cómo van ser ilegales las pruebas de confianza?, si a nadie obligan a ser policía, si alguien desea ser policía debe pasar por las pruebas de confianza, no se trata de un funcionario que va a un cargo, es un ciudadano que tiene una arma y que lógicamente en todas partes del mundo se hacen pruebas a los que manejan la seguridad de la ciudadanía, es algo natural”, aseveró.
El mandatario se mostró optimista por los cambios en el interior de la Policía, “pues en pocos meses veo a una institución que se miraba con cierto recelo, y yo que viajo al interior del país miro a un efectivo de la Policía motivado.
Si hay problemas de desconfianza, se deben identificar quiénes son, no es posible que el cuerpo policial pague por unos cuantos, con esto no estoy diciendo que los que estén afuera de la institución son o no son”.
“Lo que veo ahora es una Policía con una moral alta, y eso es muy importante, imagínense que un día en Tegucigalpa no se reportó ningún muerto en la morgue y en tres días hubo apenas tres fallecidos, esas son obras reales, están funcionando los cambios en el interior del cuerpo policial”, acotó.
Consultado sobre el caso de los cinco comisionados y 14 subcomisionados de la Policía que no aprobaron la prueba del polígrafo, Lobo afirmó que existe una ley que aprobó el Congreso Nacional que señala los procedimientos en la reestructuración y depuración en la institución policial.
Proceso es irreversible
Eduardo Villanueva, titular de la DIECP, reiteró que el proceso de evaluación de los miembros de la Policía Nacional “es irreversible y lo único que es un proceso sujeto a leyes”.
“Si los jueces dijesen en algún momento que nosotros hemos excedido a nuestras funciones o no hemos actuado con apego a derecho, pues en el Estado de derecho los jueces dicen la ley”, dijo Villanueva. En la DIECP continuarán con el plan de evaluación para los policías comprendidos en las escalas 1 y 2, por lo que para fin de año se espera tener evaluados a 225 oficiales.
Oliva: A oficiales aplazados les han dado cargos
Tegucigalpa. El comisionado Aldo Oliva, e jefe de Centros Penales, cuestionó ayer las pruebas del polígrafo, luego de haber sido puesto a disponibilidad, al asegurar que existen oficiales que han pasado la prueba del polígrafo y los han mandado a disponibilidad a diferencia de oficiales que no lo han pasado y les han dado cargos en la Policía.
También el subcomisario Daniel Molina cuestionó que Honduras es el único país del mundo adonde se aplican pruebas del polígrafo a miembros de la Policía Nacional.
Eduardo Villanueva, titular de la DIECP, dijo que esa es “una reacción lógica frente a la incomprensión de las actuaciones legales que el Estado ha estado teniendo”.
“Hemos realizado evaluaciones y se ha suspendido a 33 oficiales y se entregarán 75 resultados en el transcurso de los próximos días. Además, hemos hecho evaluaciones selectivas en algunos órganos policiales y estamos a la expectativa de otros reportes”, explicó.
Villanueva dijo que solo los tribunales son las instancias correspondientes
adonde deben dilucidarse si se ha violentado o no garantías y derechos constitucionales.
Destacó que con los oficiales en disponibilidad “no quiere decir que estén excluidos de cualquier investigación, así como el respeto que estos le deben a los mandos policiales y alternos”.
