Tegucigalpa. Ante un sinnúmero de cuestionamientos contra la junta nominadora para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados y analistas llaman de nueva cuenta a impulsar un proceso apegado a la legitimidad y la legalidad.
La reacción obedece a la difusión por parte de las autoridades del Congreso Nacional de un spot denominado “Las mentiras sobre la Ley de la Elección de Junta Nominadora”, en la que desprestigia la ley, catalogándola como innecesaria y anticonstitucional.
El analista político Miguel Cálix, quien advirtió que si se descalifica y cuestiona la preselección y nominación de la junta, “no se ayuda en nada al proceso. Se le debilita y se afecta la legitimidad del proceso de elección final”.
Sin embargo, es bien sabido -advirtió Cálix- que los partidos políticos y los principales actores de la época han procurado controlar los actos de la junta nominadora en 2000, 2008 y 2015”.
Cálix añadió que “cuestionar a la junta ‘ex-ante’ (antes del suceso) solo porque sus miembros no son afines a mi partido es olvidar el porqué se creó el filtro de la junta nominadora. La junta es legal, pero su trabajo debe ser legítimo. Eso se logra si sus actuaciones se apegan al espíritu de la reforma constitucional de 2000-2001”.
Para saber
Las entidades que conforman la Junta Nominadora tienen hasta el 31 de agosto para integrar a sus representantes. Luego se aprobará un reglamento.
El diputado liberal Marlon Lara dijo que “el partido de gobierno no puede poner pretextos y argumentos para poder deslegitimizar una ley que ellos mandaron. No queríamos que hicieran con la Corte lo que hicieron en el Congreso, que trajeron una multitud de gente a decir que era el soberano el que quería esa junta directiva y eligieron una directiva que no tenía los votos”.
El parlamentario agregó que “ojalá que no vayan a traer un montón de gente a decir que esta es la lista (nómina de 45 candidatos) que quiere el soberano porque ya sabemos quiénes son los que nombran”.
La nómina de 45 o más postulantes deberá ser remitida por la junta al Congreso Nacional a más tardar el 23 de enero de 2023. No obstante, si los 14 miembros de la junta incumplen con su mandato, la Constitución faculta al Legislativo a elegir de manera directa la nueva Corte.
