Las amenazas de coartar la libertad de expresión no encontraron eco en los sectores serios y respetuosos de la ley.
Con el retiro de la organización de periodistas C-Libre de las socialización de las cuatro “leyes mordaza”, el Congreso Nacional prácticamente se quedó con los salones vacíos.
El proyecto original -que diversos sectores de la sociedad cuestionaron desde que fue revelado por C-Libre- hoy no solo es amenazado por una ley, sino por cuatro en el Congreso Nacional.
Los impulsores de estas iniciativas, viciadas de inconstitucionalidad, han sido el presidente Porfirio Lobo, el titular del Legislativo Juan Orlando Hernández y los funcionarios Ana Pineda y César Ham.
C-Libre se retiró el viernes al considerar que lo existente en el Congreso Nacional no es ni parecido al proyecto original planteado a Lobo Sosa.
También cuestionan que no se involucró a todos los sectores relacionados o que se verían afectados con la reforma.
El proyecto fue enviado al Congreso a finales de marzo pasado y contenía flagrantes violaciones a la libertad de expresión debido a que la misma proponía la creación de un comité de censura o regulador de contenidos y mecanismos de confiscación.
El Comisionado de Derechos Humanos denunció que se violaban al menos 14 artículos constitucionales, tratados y convenciones. Este argumento no pudo ser refutado por el Gobierno.
En la misma línea de pensamiento, el relator de la ONU, Frank La Rue, expresó que los contenidos no pueden regularse y advirtió que las únicas restricciones ya están contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
También plateaba la democratización de frecuencias de radio y televisión con el fin de reducir el otorgamiento de concesiones a medios privados.
Antes de C-Libre, el Colegio de Periodistas y la Asociación de Prensa se retiraron de esos procesos y se declararon en rebeldía en caso de que las leyes fueses aprobadas. Esto constituyó un hecho inédito en la historia de Honduras, ya que nunca las amenazas a la libertad de expresión habían sido tan fuertes.
