Tegucigalpa, Honduras.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto de la República.
Léster Ramírez, coordinador de la ASJ, explicó que hay tres argumentos sobre los que basan su solicitud: “Los convenios internacionales, el rango de inconstitucionalidad con el que se está usurpando al Ministerio Público con las facultades que le dan al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el tema de la separación de poderes”, argumentó Ramírez.
La demanda, según él, va orientada a declarar como inconstitucionales los preceptos legales establecidos en los artículos 123 y 238 del decreto legislativo No 141-2017, que fue aprobado por el Congreso Nacional el 18 de enero. Para Ramírez, en el artículo 123 se les está enviando un mensaje a los funcionarios de que “no se preocupen, tomen las decisiones que quieran, buenas o malas, no será responsable de los despidos injustificados”.
Además, recordó que el Estado de Honduras posee al menos 200 demandas por malas decisiones de funcionarios que despidieron y ahora se le busca quitar los recursos a los pobres.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto de la República.
Léster Ramírez, coordinador de la ASJ, explicó que hay tres argumentos sobre los que basan su solicitud: “Los convenios internacionales, el rango de inconstitucionalidad con el que se está usurpando al Ministerio Público con las facultades que le dan al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el tema de la separación de poderes”, argumentó Ramírez.
La demanda, según él, va orientada a declarar como inconstitucionales los preceptos legales establecidos en los artículos 123 y 238 del decreto legislativo No 141-2017, que fue aprobado por el Congreso Nacional el 18 de enero. Para Ramírez, en el artículo 123 se les está enviando un mensaje a los funcionarios de que “no se preocupen, tomen las decisiones que quieran, buenas o malas, no será responsable de los despidos injustificados”.
Además, recordó que el Estado de Honduras posee al menos 200 demandas por malas decisiones de funcionarios que despidieron y ahora se le busca quitar los recursos a los pobres.
