El Gobierno de la República por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores afina una estrategia que permita que las autoridades estadounidenses beneficien a 67,000 hondureños con residencia permanente después de estar amparados por el Estatus de Protección Temporal, TPS, más de diez años.
Una comisión hondureña encabezada por el vicecanciller Alden Rivera se encuentra en la capital de Estados Unidos, Washington DC, con el objetivo de preparar una especial petición que será presentada a ese país del norte el próximo 17 de julio.
Antes de abandonar el país, Rivera manifestó que uno y quizás el más importante antecedente que le puede servir a Honduras para que 67,000 compatriotas sean residentes es la Ley Nacara, que les permitió a ciudadanos de Nicaragua y Guatemala legalizar su estatus migratorio en el pasado. “La Ley Nacara aún está vigente y podría ser uno de los mecanismos para lograr ese estatus migratorio para los hondureños.
Ya casi concluimos el documento de respaldo que acompaña la solicitud al Gobierno estadounidense que será presentada por medio de nuestra embajada el 17 de julio”, dijo Rivera.
Los hondureños que gozan de TPS ya tienen más de diez años de vivir en Estados Unidos bajo un régimen temporal, son conocidos por ese gobierno, sabe sus direcciones y de su comportamiento y, lo más importante, sabe que tienen una trayectoria impecable de servicio a la economía norteamericana. Según Rivera, éstos son los factores fundamentales que serían considerados para permitirles a estos hondureños que gocen de estatus permanente.
Doble petición
Si esta petición de residencia permanente es rechazada por las autoridades estadounidenses, los funcionarios hondureños llevan otra petición, que es la ampliación del TPS por décima vez consecutiva.
“Es una doble petición, obviamente para no perder una posible ampliación de TPS, pero nuestra primera solicitud, la del estatus permanente, la haremos bilateralmente y también actuaremos en bloque con los demás países de Centroamérica que gozan de TPS como Honduras. Son una acción regional y una individual”, explicó el vicecanciller.
El funcionario comentó que el papel de las organizaciones de centroamericanos y mexicanos en Estados Unidos sienta las bases para que ahora actúen los Gobiernos.
Rivera concluyó lamentando no tener una política definida en estos momentos para tratar la situación migratoria de cientos de miles de hondureños indocumentados. “En este momento debemos solucionar la situación de los 67,000 compatriotas amparados por el TPS y luego seguir apoyando una reforma migratoria que podría beneficiar a millones de latinoamericanos en ese país”.
