La Fiscalía contra la Corrupción y la de Defensa de la Constitución realizan en forma conjunta una investigación sobre la denuncia que hiciera pública el diputado liberal Wenceslao Lara y otros parlamentarios del Congreso Nacional sobre la propuesta del rompimiento del orden constitucional por parte de funcionarios del Ejecutivo.
Lara denunció al ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, de proferir las amenazas la noche del 25 de enero, si no se elegían a los magistrados de la Corte Suprema.
Además, señala como responsables al designado vicepresidente Arístides Mejía, al comisionado de Bancos y Seguros, Milton Jiménez; al titular de Soptravi, Saro Bonano; y al presidente de Conatel, Raúl Valladares.
En sus diligencias investigativas comparecieron a declarar varios diputados liberales. Recientemente lo hicieron Gabo Jalil, Juan ángel Rivera y Arnulfo Miralda.
Un equipo de fiscales se trasladó al Estado Mayor para tomar la declaración formal del general Romeo Vásquez Velásquez.
Se requirió el testimonio de Vásquez para que expusiera el conocimiento que tuvo de los hechos del pasado 25 de enero.
La Fiscalía contra la Corrupción recibió del jerarca el informe del listado de efectivos que estaban de turno en las unidades militares esa noche.
“Estamos concluyendo lo que falta, luego haremos un análisis para evaluar la tipificación de delitos y consecuentemente el requerimiento fiscal”, expresó el fiscal general, Luis Rubí.
