De todos o de nadie. Así parecen ser las tierras que han marcado el destino de ganaderos y campesinos en el departamento de Colón.
Lamentablemente hace una semana esa disputa cobró la vida de más de diez personas, entre ganaderos de la familia Osorto, empleados y campesinos.
La violencia y la anarquía empezaron a aparecer cuando se establecieron los grupos campesinos en las tierras donde antes funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar, Crem. El problema legal tiene un gran antecedente histórico y empieza el año 1977 con Temístocles Ramírez, un ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño que compró 5,700 hectáreas de tierra, las que ahora son disputadas, en una clara violación al artículo 107 de Constitución de la República, donde se prohíbe a los extranjeros ser dueños de propiedades costeras y fronterizas.
El Gobierno de Honduras decide en 1983 expropiar estas tierras a Temístocles Ramírez respondiendo a un reclamo que hacía Estados Unidos de estos predios para instalar el Crem. La zona fue convertida en una escuela para preparar a la Contra nicaragüense.
El Gobierno hondureño, ante una apelación que hizo Temístocles Ramírez a Estados Unidos, exigiendo una indemnización por sus propiedades, tuvo que pagar 17 millones de dólares mediante un préstamo trasladado a la deuda externa del país, y así cedió a los militares hondureños el usufructo de las más de cinco mil hectáreas.
Las tierras quedaron tituladas como fiscales a nombre del Estado hondureño. En 1991 el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas crea la nueva Ley de Municipalidades, donde se les faculta a los municipios a vender todas las tierras no tituladas, según el artículo 68.
La Municipalidad de Trujillo, en el período del alcalde Felipe Ortega Figueroa, valiéndose de este decreto ejecutivo, vendió las tierras del Crem a ganaderos de la localidad a precios establecidos por la comuna entre 20 y 30 lempiras la hectárea. En 1993, a petición del Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República traspasó oficialmente estas tierras al Instituto Nacional Agrario, INA, para que fueran distribuidas a beneficiarios de la Reforma Agraria.
La llegada
La medianoche del 14 de mayo de 2002 más de 600 campesinos provenientes de varias partes del país se instalaron en esos predios.
A partir de entonces, ganaderos y agricultores empezaron a reclamar estas tierras que pronto se tiñeron de sangre producto de los constantes choques armados entre ambos grupos que disputaban su poderío.
Motivadas por la necesidad de la tierra y la crisis galopante en que muchas familias heredaron después del huracán Mitch, las empresas campesinas organizadas en los departamentos de Colón, Olancho, Atlántida y Yoro, decidieron ocupar las tierras, acción que fue anunciada por algunos funcionarios del Gobierno.
Fueron más de cincuenta camiones los que llegaron esa noche. La caravana de vehículos que venían de todas las latitudes de la costa norte acordaron juntarse en el cruce del camino que lleva al Crem.
Los campesinos se instalaron en un campamento donde construyeron covachas y champas con techos de manaca. Dada la inseguridad que existía por supuestos arsenales enterrados en esa área, se decidió años más tarde trasladar a unos cinco mil campesinos y fundar una nueva comunidad ya permanente.
El nuevo asentamiento pasa a llamarse Guadalupe Carney, en memoria del sacerdote que trabajó en esta zona con los campesinos y que fue desaparecido por el Ejército en la frontera con Nicaragua en 1983. Esta comunidad se convierte en el centro del Movimiento Campesino del Aguán.
Una vez establecidas las organizaciones campesinas iniciaron el proceso de depuración de las listas de campesinos sin tierra, en la que excluyó a un 40 por ciento de gente que no carecía de tierras por no ser campesinos o por tenerlas o por haberlas vendido. Con los campesinos seleccionados se formaron más de cuarenta empresas agrícolas con el reconocimiento del INA.
La comunidad Guadalupe Carney se convirtió desde entonces en el símbolo de las luchas populares y campesinas de la región del Valle del Aguán, así como también en el escenario más conflictivo.
La intransigencia empezó a ganar terreno. El 27 de julio de 2002 detonó la violencia con un enfrentamiento armado entre campesinos y ganaderos que dejó como saldo la muerte de Diógenes Osorto, hermano de Henry Osorto, comisario de la Policía y ganadero.
Es a partir de estos hechos que empieza a aparecer la figura de Henry Osorto y las luchas campesinas empiezan a preparar su terreno convirtiendo esta zona en un escenario conflictivo. Las tomas de carreteras empiezan a ser parte del proceso de reclamos porque estas tierras pasen a ser de labradores.
Sin respuestas
Estas luchas y reclamos, los actos de corrupción, la burocracia y la desidia gubernamental son los extremos que acompañan este tortuoso proceso.
Desde que surgió el Movimiento Campesino del Aguán, MCA, los conflictos sociales se han perpetuado producto de las pocas respuestas y cumplimientos a los compromisos y acuerdos.
Son cuatro años de luchas marcadas por detenciones judiciales contra dirigentes campesinos, constantes negociaciones sin resultados, conformación de comisiones sin poder de solución, amenazas de muertes, tomas de carretera y recuperación de tierras en el perímetro.
La pasividad con que los Gobiernos de turno actuaron durante todo este tiempo fue el precio que se pagó con la masacre del pasado 3 de agosto.
El 11 de junio del presente año fue asesinado el dirigente campesino Irene Ramírez y ésta fue la chispa que encendió el fuego y que llevó a cometer la abominable masacre. Una familia entera murió, la tierra se manchó de sangre y aún el Gobierno no brinda ninguna solución.
El ambiente en Guadalupe Carney es tenso, no se sabe qué pasará, muchos temen otra masacre y muchos esperan que las tierras dejen de ser el punto de conflicto.
Los verdaderos dueños
Lejos de los antecedentes históricos en que los ganaderos y campesinos reclaman su derecho a estas tierras, la etnia garífuna que por años se ha mantenido al margen de este conflicto agrario, es la verdadera propietaria de esta basta extensión marcada por el odio, el poder y la ambición.
La comunidad étnica de Cristales y Río Negro cuenta con documentación emitida en el Gobierno del presidente Manuel Bonilla, mediante acuerdo ejecutivo del 14 de agosto de 1901; pero ellos no se han pronunciado.
