La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, afirmó ayer que la alma máter no perderá su autonomía y la facultad constitucional de regular y dirigir la educación superior del país.
Así lo dejó establecido al comentar un borrador de la Ley de Educación Superior que trascendió el fin de semana.
Dijo que ese proyecto es una propuesta que presentaron las universidades privadas, pero el documento consensuado por todos los sectores fue concluido hace poco y contempla otros conceptos. Además ratifica la facultad de regir la educación superior del país.
El fin de semana, LA PRENSA publicó que en los próximos días se elevará a consideración de los diputados un anteproyecto socializado de la nueva Ley de Educación Superior, supuestamente surgido de las mesas de trabajo compuestas por los rectores de las universidades privadas y estatales.
Esa iniciativa, que sería presentada al Congreso Nacional al reanudarse las sesiones legislativas, contiene artículos donde explícitamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras renuncia a regular la educación superior en el país.
Aparentemente, el nuevo proyecto debilita la autonomía universitaria y la independencia política y administrativa de la Unah, derechos que son garantizados en el Artículo 160 de la Constitución de la República.
No obstante, la rectora universitaria aclaró que ese no es el documento que se consensuó con las universidades privadas y estatales, sino una propuesta surgida de algunos de sus detractores, es decir, de un sector radical de izquierda que encabezan el docente Mauricio Durón y el doctor Guillermo Hayes.
“No es correcto lo que ahí se está planteando.
La ley que ahí se plantea es la propuesta que sale de las 20 universidades, pero el Consejo Universitario aprobó otra cosa diferente, ya que cada universidad fue a sus consejos universitarios y han salido cambios”, manifestó.
Dijo que esa versión de la ley busca crear desinformación en la Universidad y revolver a los estudiantes, pero “no estamos con esa propuesta”.
Castellanos ratificó que lo establecido en ese documento no son los conceptos correctos porque, por ejemplo, en el área de la acreditación, ninguna universidad pública o privada se acredita a sí misma, sino que lo hacen otras instituciones.
Acreditación
En la versión publicada se establece la creación del Sistema Hondureño de Acreditación de la Educación Superior como un órgano autónomo, responsable de evaluar la calidad y acreditar las instituciones, carreras y programas de educación superior de y en el país.
La rectora universitaria especificó: “En todos los países, los consejos de acreditación no son integrados por las universidades que se acreditan. Es como si uno mismo se evaluara y dijera: Yo valgo tanto. Por tanto lo acreditan otros”.
Aclaró que el concepto de autonomía planteado en esa versión no es el mismo establecido en el proyecto de ley porque las universidades privadas no tienen amplia libertad para abrir sus propios centros regionales y carreras, sino que siempre deben ser aprobados por el Consejo de Educación Superior.
Explicó que las universidades privadas gozan de autonomía administrativa y financiera plena, pero las públicas solo tienen una autonomía relativa en el campo financiero porque otros deciden sus presupuestos, aunque la Unah tiene “autonomía responsable”, ya que puede decidir en qué invierte el 6% del presupuesto asignado, pero con ciertas regulaciones y controles públicos.
En relación con la autonomía académica, la rectora explicó que esta implica que cada universidad tiene la libertad de plantear y proponer los centros regionales y carreras que quiera abrir o implementar, pero no tiene potestad de aprobarlas porque esa es potestad de la Unah por medio del Consejo de Educación Superior.
“Cuando en el artículo (de prensa) dice que las universidades van a aprobar sus propias carreras y facultades, eso no es cierto”, dijo.
Sobre la conformación de este Consejo de Educación Superior, donde la Unah y el resto de universidades estatales quedarían en minoría, aclaró que el anteproyecto de ley socializado establece que la Universidad Autónoma tendrá voto de calidad y derecho a veto, lo que significa que, aunque los 19 rectores voten en bloque, la alma máter podrá vetar cualquier iniciativa.
“El derecho a veto es como en la Organización de las Naciones Unidas, que integran 180 países, pero cinco vetan toda iniciativa y no pasa, entonces es igual en este caso”, detalló.
Aclaró que la Unah no ha estado de acuerdo con el veto porque opina que el Consejo quede integrado por 20 miembros, 10 de las universidades estatales y 10 de las privadas, pero que la Unah mantenga su voto de calidad como hasta ahora.
El Consejo de Educación Superior, integrado por los 20 rectores o directores de las instituciones de educación superior públicas y privadas, es el órgano a través del cual la Unah cumple el mandato constitucional de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional en Honduras.
La rectora dijo que la Unah presentó una propuesta el año pasado, pero en el último Consejo Universitario del 28 de junio de este año se aprobó una contrapropuesta que contempla las recomendaciones que enviaron las 20 universidades.
“No tenemos la copia todavía porque el acta de la sesión del Consejo no ha sido digitalizada en vista de que se trató de una sesión que duró más de 30 horas”, apuntó. Finalmente dijo que por ahora no tienen fecha ni prisa para enviar el anteproyecto de decreto, pero lo darán a conocer cuando la Comisión de Educación del Congreso Nacional convoque a los miembros de la Unah y del Consejo de Educación Superior.
