La contaminación generada por los crematorios municipales de El Progreso y Santa Rita, Yoro, fue la causa por la cual la Fiscalía del Medio Ambiente interpuso una demanda contra estas alcaldías, cuyos ediles aseguran estar trabajando para ponerle fin al problema.
La demanda de amparo se interpuso con la finalidad de restaurar el derecho fundamental a la salud, derecho humano inalienable que representa un estado de bienestar integral, biológico, sicológico, social y ecológico para los habitantes de ambos municipios.
Ambiente
El fiscal del Ambiente, Juan Francisco González, explicó que la ubicación y operación del botadero de El Progreso afecta de manera directa a los vecinos que residen en las cercanías de este lugar. Los pobladores afectados son los que habitan en las aldeas de Las Minas, La Pita, El Naranjo, Arena Blanca y residencial Los Jazmines.
“Queremos el cierre técnico inmediato, rehabilitación de las zonas afectadas mediante un proceso adecuado y la reubicación de los crematorios”, reiteró González.
Medidas
El alcalde de El Progreso, Alexánder López, manifestó que han realizado gestiones para hacer el cierre técnico del crematorio y habilitar un relleno sanitario que no cause daños a las comunidades que durante años han sido afectadas.
“Tenemos nuestro plan de trabajo y pretendemos contar para el próximo año con todos los requisitos para iniciar el traslado”, expresó López.
El edil señaló que la Fiscalía está en todo el derecho de demandarlos.
“Como autoridades municipales hemos sido muy diligentes, pues ya contamos con los fondos para la compra del terreno. Este problema tenía muchos años y nosotros hemos agilizado trámites para resolverlo”, expresó.
Reforestación
El funcionario manifestó que al realizar el cierre técnico se reforestarán las zonas que han sido afectadas.
“Por muchos años, las faltas de la montaña Mico Quemado han sido dañadas por las quemas y la contaminación de la basura”, aseguró.
El costo de la reforestación y el cierre técnico suman un total de un millón 200 mil lempiras.
El funcionario expresó que esperan recibir los 20 millones de lempiras que el Congreso Nacional invertirá en la compra del terreno.
“En estos fondos se incluye el predio del cementerio general”, añadió.
Esperan permiso
La alcaldesa de Santa Rita, Francisca Bustillo, expresó que en este municipio ya se hizo la solicitud para que la Secretaría de Recursos Naturales, Serna, apruebe el permiso y así pueda habilitarse el nuevo botadero.
“Este año iniciamos las gestiones. La propiedad está valorada en un millón de lempiras. Cuando tengamos el permiso procederemos al traslado, pero deben agilizarnos el trámite”, explicó.
Actualmente, la solicitud del permiso se encuentra bajo el expediente 206A697.
