Más de novecientos
millones de lempiras le costaría al Estado la creación de una policía técnica de investigación, declaró el diputado Rodolfo Zelaya, presidente de la Comisión Legislativa de Defensa.
El parlamentario afirmó que por la falta de estos recursos no se ha
llevado a la práctica el nuevo ente investigativo que sería adscrito al Ministerio Público.
Equipo caro
Aparte de lo anterior, la sostenibilidad de una policía técnica cuesta dinero, ya que habría que especializar a los agentes, dotar de equipos y tecnología y, sobre todo, formar un Instituto de Ciencias Forenses que cuente con un laboratorio
que ayudaría grandemente a la solución de crímenes a través de los estudios de ADN, tanto de las víctimas, como de los sospechosos de cometer crímenes, asaltos, violaciones y secuestros.
“Hay casos que se resolverían con solamente recoger el ADN en la escena del crimen, si tuviéramos ese laboratorio en Honduras, con eso podríamos causar juicios, declarar órdenes de captura y meter a la cárcel a las personas que cometen delitos sin necesidad de un testimonio, lo que reduciría enormemente la delincuencia en Honduras”, afirmó el congresista.
Zelaya indicó que el equipo es sumamente caro, por lo que confió en que la Unión Europea brinde a Honduras cooperación técnica y económica no sólo a la instalación, sino también a la sostenibilidad del mismo.
Aparte de ello, comentó que el Estado se vería obligado a gestionar recursos para la construcción de un mayor número de centros penales o mejorar los existentes pues al haber una mejoría en la investigación se reduciría la impunidad y de esa forma más personas serían condenadas a prisión.
Zelaya reiteró que el establecimiento de una unidad técnica de investigación implica la erogación de millonarios recursos, pero estos no se pueden obtener, por ejemplo de la tasa de seguridad, ya que el Fondo que se ha creado para apoyar a los organismos que luchan contra la delincuencia es de carácter temporal.
Derogado el decreto
El 25 de febrero de 2010, el Congreso Nacional derogó el decreto 287-2009 del 13 de enero de 2010 que se refiere a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público mediante la que se creeba la Policía Técnica de Investigación.
La publicación del decreto en referencia generó un escándalo por cuanto aparece en dos publicaciones de una misma edición del diario La Gaceta, con fecha 22 de enero, en una junto la ley que concesionaba por 25 años la explotación de la central hidroeléctrica de Nacaome y en la otra este polémico contrato es excluido.
El procedimiento de eliminación de la policía técnica fue cuestionado por varios diputados, ya que se produjo en medio de una controversia, al ser incluido en un paquete de decretos que contenían contratos de obras públicas, los que fueron derogados bajo el argumento que no tenían respaldo presupuestario.
