El otorgamiento irregular de exoneraciones y dispensas sin el debido control, lo que ha dado lugar a clonaciones y falsificaciones de estos documentos a favor de terceros.
En 2010 se tramitaron por las aduanas del país un total de 3,419 dispensas con un promedio de 284 solicitudes mensuales, mientras en 2011 se gestionaron 2,159 solicitudes con un promedio de 179 solicitudes mensuales.
Una evaluación realizada por el TSC a más de 72 dispensas autorizadas por la Secretaría de Finanzas en el período 2011 a través de las aduanas de Toncontín, Puerto Cortés y Roatán reveló que el Estado de Honduras dejó de percibir L15.6 millones en concepto de diferentes impuestos.
El mayor impacto en perjuicio del Estado se registró en el impuesto sobre ventas, por el cual se dejaron de percibir L12.74 millones, seguido de la tasa de derechos arancelarios de importación con L1.91 millones y el impuesto selectivo al consumo con L1.02 millones.
La mayor parte de las mercancías dispensadas entran por Toncontín.
De una muestra de 53 dispensas se concluyó que el Estado dejó de percibir en esta aduana L9.78 millones. Por exoneración de derechos arancelarios de importación, L1.18 millones; por impuesto selectivo al consumo, L1.01 millones, y por impuesto sobre ventas, L7.58 millones.
Clonan dispensa de embajada
En 2012, una auditoría realizada por el departamento de Fiscalización de Ingresos del TSC reveló el otorgamiento de una dispensa con el mismo número de la embajada de Estados Unidos y a un exdiputado suplente, que dejó en evidencia las anomalías que se siguen registrando en las aduanas. El 10 de agosto de 2006, el entonces secretario de Finanzas autorizó la dispensa número 6020061355, a favor del exdiputado suplente por el departamento de Choluteca, Marco Antonio Flores, para introducir un vehículo libre del pago de impuestos arancelarios, según pedido 2471.
Posteriormente, el 14 de septiembre del 2006, según la declaración única aduanera 34599, se registró por la aduana de Toncontín el ingreso libre de impuestos del vehículo Prado Turbo 2006, color beige metálico, solicitado por el exdiputado.
Solo por esta introducción el Estado dejó de percibir L295,552.
El mismo número de dispensa con que se autorizó la dispensa a Flores (6020061355) se reutilizó el 18 de agosto de 2006, cuando Finanzas autorizó una nueva dispensa, esta vez a favor de la embajada de Estados Unidos para introducir 99 piezas para muebles, según pedido 3126 que ingresó por la aduana de Puerto Cortés con un valor de L132,650.
Esta situación irregular salió a la luz pública cuando el 21 de noviembre de 2011 el exparlamentario, a través de su apoderado legal, realizó una solicitud de autorización para vender libre de gravamen el vehículo introducido según dispensa N6020061355 el 14 de septiembre de 2006.
Al solicitar al archivo general la documentación original de la dispensa del exdiputado se descubrió que este mismo número de dispensa fue consignado a la embajada estadounidense y no al exlegislador, lo que dio lugar a las investigaciones.
El Ministerio Público recibió el expediente de dicho caso bajo la denuncia 2010-01189 por delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio del Estado de Honduras, el cual se encuentra en investigación referente a la documentación presentada ante la Secretaría de Finanzas.
A raíz de este y otros casos de irregular otorgamiento de dispensas, el TSC concluyó que aún no existe la interfase entre los sistemas de la Secretaría de Finanzas y la DEI que permita verificar el estatus de las dispensas emitidas con el fin de evitar de esta forma la clonación o falsificación de las mismas.
Por otro lado, la mayoría de las instituciones que solicitan dispensas para introducir mercancías donadas no realizan el proceso de documentación de la entrega del equipo ni verifican que las mismas lleguen a su destino final o que realmente están cumpliendo la finalidad para la cual fueron adquiridas.
“Aduanas son un botín político”: Hugo Pino
Hugo Noé Pino, economista para Honduras del Instituto de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que el problema de evasión se fortalece en el país por el vínculo entre encargados de aduanas y diputados.
“Hay una evasión bastante fuerte dentro de las aduanas por el vínculo que hay en la parte política. Los diputados son los primeros que piden nombrar la gente en las aduanas y ese es un elemento que incide en la corrupción”, afirmó.
Señaló que las aduanas deben ser dirigidas por personal técnico calificado, pero lamentó que estas oficinas siguen siendo un botín político de diputados que residen en las zonas aduaneras.
Señaló que el mayor tráfico de mercaderías se da a través de las aduanas terrestres, pero también en las aéreas existe una enorme defraudación fiscal y un ejemplo es la aduana de Toncontín, donde se da el pago de sobornos.
Pino ejemplificó que recientemente fue separada la administradora de Toncontín, a quien le descubrieron propiedades millonarias que no coinciden con sus ingresos como funcionaria pública.
“He venido sosteniendo que mientras a la DEI no se le dé la autonomía o la profesionalización necesaria no habrá reforma tributaria que rinda frutos”.
Pino ilustró que son cada vez mayores las quejas acerca de empleados de la DEI que arreglan pagos de impuestos bajo la mesa y cobran comisión, lo que indica que es imperativa una verdadera transformación del sistema de administración tributaria.
DEI requiere cirugía mayor, dicen expertos
La defraudación fiscal pasa por todas las aduanas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por lo que la DEI requiere una “cirugía mayor”, fue el “diagnóstico” en el que coincidieron los expertos consultados por LA PRENSA.
Uno de los problemas señalados es que algunas aduanas tienen poco movimiento de mercaderías legales, pero como no tienen mucho movimiento, no hay mayor control y pasan muchas mercancías de distinta naturaleza, siendo así más susceptibles a la corrupción.
Las cifras revelan que el mayor volumen de defraudación se registra en Puerto Cortés, la aduana La Mesa en San Pedro Sula y en el aeropuerto Toncontín, aunque en las otras el contrabando y la evasión también con grandes problemas.
Todos los expertos consideraron que se deben tomar acciones concretas y no se debe seguir permitiendo que las aduanas continúen siendo el feudo personal de diputados.
Una de las principales fallas que señalaron los analistas en la DEI es que esta institución no cuenta con suficiente personal técnico contratado y que en muchos casos el personal que se contrata es por ser afín al partido que está en el Gobierno.
“Mientras exista clientelismo político en todas la aduanas y en la DEI no se podrá controlar la defraudación fiscal. Controlarla y minimizarla no resulta tan difícil, pero requiere una verdadera voluntad política del Poder Ejecutivo”, declaró Yllescas.
