El Gobierno analiza ejecutar de manera urgente un desarme general en el Bajo Aguán, confirmó el jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, René Osorio.
La posibilidad de implementar el desarme será discutida nuevamente mañana entre las autoridades de Seguridad, Defensa y los operadores de justicia; pero esta vez junto al presidente Porfirio Lobo, autoridades del Instituto Nacional Agrario y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, precisó Osorio.
Jueces a las operaciones
Jueces ejecutores se sumarán a las operaciones que efectúa la Policía y el Ejército en la conflictiva zona del Bajo Aguán.
Al menos eso acordaron en las últimas horas las autoridades de Seguridad y Defensa en una reunión con los operadores de justicia, que sirvió además para unificar criterios frente a los índices de criminalidad y delincuencia que ocurren en el país.
La medida busca garantizar la ejecución de allanamientos y desalojos en todas aquellas propiedades que han sido invadidas y también asegurar la captura de las personas que estarían detrás de la crisis en el Aguán. Esto es luego de trascender que jueces asignados en la zona son amenazados constantemente para que no ejecuten allanamientos y órdenes de captura contra los responsables del caos que se vive en Colón.
“Se concluyó que se van a utilizar jueces ejecutores en apoyo a la Policía y las Fuerzas Armadas porque son gente especializada en ese sentido, no un juez normal que en un operativo de un allanamiento o un desalojo tiene que tomar después medidas de seguridad”, dijo el general René Osorio.
La problemática del Aguán fue ampliamente debatida la noche del lunes entre los secretarios de Seguridad y Defensa, Pompeyo Bonilla y Marlon Pascua, respectivamente, junto con presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Jorge Rivera, y el fiscal general, Luis Rubí. También participaron oficiales de la Policía y del Ejército. Osorio dijo que estos ejecutores acompañarían los operativos y posteriormente regresarían a sus lugares de origen.
Desarme
Durante el encuentro se abordó la posibilidad de implementar, de manera urgente, un desarme general en la zona ante las cifras de muertes registradas en lo que va del año.
Se maneja que son 42 personas entre policías, militares, guardias de seguridad y campesinos las que han perdido la vida de forma violenta desde diciembre de 2009 a la fecha.
“El Fiscal General nos daba algunas instrucciones, que podría ser una de las soluciones: hacer un desarme general en todo el Bajo Aguán, no importa quien tenga las armas, estén autorizadas o no, para que haya tranquilidad en el lugar. Yo les explicaba que esto tiene que ser consensuado con los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, precisó.
La crisis del Aguán volvió a quedar evidenciada el pasado viernes, cuando una patrulla en la que se conducían efectivos de la Policía y el Ejército fue atacada por individuos armados, dejando dos uniformados muertos y tres heridos.
El hecho sucedió cerca de la finca La Consentida.
Sobre las versiones que han surgido en torno a que no fue un ataque guerrillero, como afirma la Policía, sino un incidente dentro de la patrulla, Osorio dijo que “hay que ser serios”, pues los efectivos perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.
