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Tegucigalpa, Honduras
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) contrató por L84.9 millones a la empresa Inversiones Salam, S. de R.L. de C.V. para suministrar e instalar escáneres corporales, equipos de rayos X para objetos y dispositivos portátiles destinados a diferentes centros penitenciarios de Honduras.
El monto y el nombre de la compañía aparecen en el Decreto 95-2026, publicado el 11 de julio en el diario oficial La Gaceta. El documento confirma que el contrato fue firmado el 19 de noviembre de 2025 por un valor exacto de L84,968,900.
La compra se originó mediante el proceso de Contratación Directa Nacional CD-INP-GC-GA-019-2025, promovido por el INP para fortalecer los controles de seguridad y evitar el ingreso de armas, drogas y otros objetos prohibidos a las cárceles.
Según el decreto, el proceso fue adjudicado a Inversiones Salam después de que la empresa acreditara el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros evaluados por la comisión correspondiente.
El INP y la compañía suscribieron el contrato SG-010-B/S-CISPN-2025, cuyo plazo original de ejecución era de 40 días calendario.
Con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ya entró en vigor el decreto mediante el cual el Congreso Nacional aprobó la adenda de ampliación de plazo al contrato suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la empresa encargada del suministro e instalación de escáneres corporales y equipos de rayos X para distintos centros penales del país, cita en sus redes sociales el legislativo.
¿Qué equipos incluye la compra?
El contrato contempla el suministro y la instalación de seis escáneres corporales de cuerpo completo, con escaneo de doble vista; cuatro escáneres de rayos X para la inspección de objetos, y seis escáneres portátiles de rayos X.
En total, el proyecto comprende 16 equipos de inspección, aunque las páginas publicadas del decreto no detallan el precio individual de cada aparato ni identifican los centros penitenciarios específicos donde serán instalados.
El decreto señala que los equipos serán utilizados para fortalecer las revisiones de personas y objetos, prevenir el ingreso de artículos ilícitos y mejorar las condiciones de vigilancia y control en el Sistema Penitenciario Nacional.
En su página web, el INP sí da detalle de los aparatos adquiridos en una publicación del 19 de febrero pasado.
La adquisición contempla seis equipos de tipo Body Scan, cuatro dispositivos Spectrum 100/100 y seis escáneres móviles, tecnología que permitirá mejorar la detección de objetos prohibidos y fortalecer los protocolos de revisión tanto de personas como de encomiendas y vehículos.
Cabe destacar que los primeros tres escáneres ya fueron entregados para su instalación al Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara; posteriormente, se hará la distribución en el resto de centros penitenciarios de mayor población.
Las autoridades informaron que la inversión fue realizada con fondos institucionales, reafirmando el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y prevención del ingreso de artículos ilícitos. Según detallaron los especialistas tecnológicos, los equipos incorporan sistemas de alta resolución e inteligencia artificial.
Asimismo, destacaron que los dispositivos cuentan con certificaciones internacionales que garantizan su uso seguro para las personas. Entre ellas, las normas Ansi, que evalúan los estándares técnicos desarrollados por el American National Standards Institute (Ansi) en Estados Unidos para garantizar la seguridad, y la norma ISO 9001, es el estándar internacional más reconocido para los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).
Empresa pidió ampliar el plazo
Inversiones Salam solicitó el 27 de noviembre de 2025 una ampliación del plazo contractual hasta el 15 de marzo de 2026, debido a retrasos relacionados con su cadena de suministro.
La empresa argumentó demoras en la fabricación, disponibilidad y entrega internacional de los equipos correspondientes a los escáneres corporales y a los escáneres para objetos.
La ampliación no implica, en las páginas compartidas, una nueva compra ni un aumento en el valor inicial del contrato. Lo que autoriza el decreto es una modificación del plazo para permitir que la compañía complete la entrega e instalación del equipamiento contratado.
Las autoridades penitenciarias emitieron dictámenes favorables para continuar el proyecto, pero también establecieron que debían aplicarse las sanciones correspondientes por el incumplimiento del plazo inicialmente acordado, conforme a la Ley de Contratación del Estado.
El Congreso Nacional tuvo que aprobar la adenda porque la ejecución del contrato trascendió el periodo presupuestario y de gobierno contemplado originalmente.
