Tegucigalpa
A seis días de que se venza el plazo dado por la Corte Suprema de Justicia para que las instituciones involucradas designen a sus representantes en la Junta Proponente para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto, la mayoría no tienen muy claro cómo proceder.
Uno de estos sectores y tal vez el que enfrenta la mayor problemática es la sociedad civil; esto debido a que a falta de tan pocos días para nombrar a su representante y con tantas organizaciones que se aglutinan en la sociedad civil la elección de su delegado está en el aire.
Joaquín Mejía, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ), dijo que “hasta el momento no se sabe a ciencia cierta, porque sociedad civil no es un espacio unitario y homogéneo, sino que hay diferentes articulaciones”.
La disyuntiva, según Mejía, es si se va a utilizar el reglamento anterior con el que se nombró a la Junta Proponente que seleccionó a los fiscales actuales o si la Secretaría de Gobernación y Justicia convocará a una asamblea a todas las organizaciones de sociedad civil y elegir tal y como se hizo en el caso de la Junta Nominadora de magistrados a la Corte Suprema.
Juan Carlos Aguilar, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), adujo que luego de una reunión entre las organizaciones que conforman la Red por la Defensa de la Democracia y la Secretaría de Transparencia se tomó otra determinación.
“Nosotros fuimos a la Secretaría de Transparencia y dice que están trabajando la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Gobernación y la Corte Suprema de Justicia para determinar una fecha en la cual se va a definir el representante de sociedad civil”, reveló Aguilar. Esto provocaría que este representante no sea acreditado para el 22 de mayo, como lo estipuló en un comunicado la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, y tendría que prorrogarse ese plazo.
Sépalo
Los ratificados hasta la fecha: Rebeca Ráquel (Corte), quien presidirá la Junta; Blanca Izaguirre, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); y Alejandro Hernández, de parte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Después de la convocatoria de la Corte se manejó que el nombramiento de este miembro de la sociedad civil lo decidirían las organizaciones con mayor membresía de instituciones, pero esto tampoco es seguro.
De no ser así, deberá de convocarse a una asamblea y diez días después llevarse a cabo, tal y como lo establece el artículo seis del Protocolo de Selección y Presentación de Candidatos a Fiscales Generales.
Similar situación ocurre con los que representarán a la Unah, de las universidades privadas de Honduras y del magistrado de la Corte Suprema de Justicia; todos aún están por definir.
Anoche, el Poder Judicial convocó a las organizaciones de sociedad civil que se vinculan a los temas de derechos humanos y justicia para que se inscriban en un plazo de cinco días en un formulario electrónico para participar en la asamblea que se celebrará a fin de elegir a su representante ante la Junta.
