A once años de haber sido declarado responsable de la muerte de 107 reclusos durante un incendio en el desaparecido presidio de San Pedro Sula, el Estado aún no cumple todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluida la indemnización a todas las familias de las víctimas.
Un día como hoy, 17 de mayo de 2004, entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada, un incendio originado en la puerta de entrada, en el interior de la celda 19, acabó con la vida de 107 reclusos: 101 murieron asfixiados y abrasados por las llamas y cinco reos expiraron en el hospital.
La celda 19, un cuarto de paredes de bloques de concreto de 200 metros cuadrados, albergaba 183 miembros de la MS-13 (45 estaban bajo prisión preventiva).
Una década más tarde del siniestro, la Corte declaró al Estado responsable de la muerte de los presos a consecuencia de las deficiencias estructurales en el centro penitenciario, agravadas por la sobrepoblación carcelaria aumentada a raíz del plan de “Tolerancia cero” ejecutado por el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006).
Celdas
Todas las celdas deben contar con suficiente luz, ventilación y adecuadas condiciones de higiene, ordena la sentencia.
Antes de emitir la sentencia, el 28 de febrero de 2012, durante una audiencia pública, las partes, el Estado y los representantes de las víctimas, llegaron a un acuerdo de solución amistosa y establecieron las medidas de reparación de daños.
En el conocido Caso Pacheco Teruel y Otro contra Honduras participaron por la Comisión Interamericana: Tracy Robinson, Elizabeth Abi-Mershed y Tatiana Gos.
Como representantes de las víctimas: Joaquín Armando Mejía, Brenda Vianney Mejía, Iolany Pérez, Carlos Guillermo Paz, Isis Gricelda Perdomo y Mario Roberto Chinchilla, enviados por la Pastoral Penitenciaria Sampedrana Caritas y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric).
Representaron al Estado, Ethel Deras, Ricardo Rodríguez, Eduardo Jair López y Sonia Gálvez.En una entrevista con Diario LA PRENSA, Joaquín Mejía explicó que el Estado “ha cumplido algunas medidas, otras a medias y otras no las ha cumplido”, entre estas últimas, el mejoramiento de las infraestructuras de los presidios, la construcción de un centro penitenciario de mínima seguridad (no de máxima) y otras.
“La Corte estableció cuáles cosas tenía que hacer. Algunas ya las ha hecho, por ejemplo, una de las cuestiones que dice la sentencia es que el Estado tenía que aprobar una nueva ley del sistema penitenciario, lo cual hizo, de hecho, la creación del Instituto Penitenciario, que ahora está siendo intervenido, forma parte del cumplimiento de esa sentencia”, dijo.
Población
El hacinamiento constituye una violación a la integridad personal, le advirtió la Corte al Estado en la sentencia.
Según Mejía, hubo un retroceso porque la sentencia dice que el sistema penitenciario debe estar manejado por civiles, pero en los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Hernández estuvo manejado por militares, “ahora el nuevo gobierno cambió esa parte y sí ha habido una desmilitarización del sistema, pero no han cambiado otras cosas: la Corte ordena una mejora en las condiciones por hacinamiento, también en el tema de personas que no han sido condenadas y están en prisión preventiva mucho tiempo (más del 50% de la población penitenciaria)”.
“La sentencia dice que el Estado debe mejorar la infraestructura de los presidios declarados en emergencia en ese momento, pero empezaron hacer megacárceles de máxima seguridad que son contrarias a la sentencia. El perdón público sí lo cumplió con la publicación de la sentencia y con una indemnización compensatoria. Esto lo incluyeron en el Presupuesto General de la República, pero la persona encargada de pagar desvió el dinero. Nuevamente un acto de corrupción empaña todo”, agregó.
De todo esto, de acuerdo con Mejía, “la parte económica es lo mínimo; hay un principio en materia de reparaciones en el Derecho Internacional que dice que las indemnizaciones económicas no pueden enriquecer a las víctimas, ni empobrecer al Estado (...)”.
En este caso, Eric renunció a las costas del juicio, es decir, no obtuvo ningún beneficio económico. El lunes de esta semana, la organización le envió a la Corte una lista de observaciones sobre las medidas ordenadas al Estado.
Familiares
Actualmente, una parte de las familias de las víctimas aún no han sido indemnizadas por la malversación del dinero desembolsado por el Estado.
El 30 de septiembre de 2022, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal allanaron la casa de la exinterventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Karla Pavón Bustillo, por el presunto desvío de L7,140,529.62. Ella, según el Ministerio Público (MP), se habría apropiado del dinero perteneciente a los familiares de las víctimas.
Pavón Bustillo con “una carta poder cobró los fondos” que le entregaron a través de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH), y “les habría dado uso para un provecho personal”. De acuerdo con el MP, el Estado tenía que pagar L 317,000 a cada familia.
Pero independientemente del desvío del dinero, según el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, “el Estado debe garantizar la indemnización a las familias”. “Vamos a hablar con las autoridades para que cumpla esta medida”, dijo.
