El “impuesto de guerra” se ha convertido en una gran industria del delito de las maras y pandillas, que les permite agenciarse millonarias cantidades de dinero por medio de la intimidación a comerciantes, transportistas y empresarios.
La persecución contra ese modo de delinquir, llamado en materia jurídica extorsión, es casi nula y eso le ha permitido por años a esas organizaciones ilícitas sacarle provecho; incluso les han arrebatado la vida a muchas personas que se niegan a cumplir sus exigencias.
El poco interés de la Policía en buscar mecanismos investigativos para contrarrestar ese delito, por la falta de denuncia de los ciudadanos debido al temor, ha alentado el lucro por medio del ilícito.
Otro factor que incide para que esas agrupaciones criminales se ensanchen en la clandestinidad es que, pese al gran nivel organizativo que han alcanzado en sus actividades, la Policía no tiene secciones especiales para combatirlas sistemáticamente, sino que más bien se han desintegrado las unidades antimaras, lo cual demuestra que el problema de las pandillas ha dejado de ser prioridad en materia de seguridad para el país.
Un ejemplo de esa debilidad es que en San Pedro Sula no existe ninguna unidad de ese tipo, a pesar de la alta incidencia del cobro del impuesto de guerra y de los otros delitos que cometen los integrantes de las maras. La sección de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, que conocía de los delitos cometidos por pandillas fue eliminada por falta de presupuesto, según las autoridades de ese cuerpo de seguridad.
El dinero que obtienen las pandillas por el cobro del impuesto de guerra lo destinan a mantener el ostentoso nivel de vida de los jefes y financiar sus actividades delictivas, especialmente las de crimen organizado, según lo establece la información obtenida por la Unidad de Investigación de LA PRENSA en entrevistas con agentes policiales que formaron parte de las unidades antimaras.
Mansiones y guardaespaldas
La información que manejan los policías que pertenecieron a esas unidades y que no es procesada por no haber un ente especializado para hacerlo, indica que el estatus económico de los pandilleros, especialmente sus líderes, les permite ahora vivir confundidos entre gente de la clase alta en colonias como la Trejo y otras zonas exclusivas de San Pedro Sula.
Con los ingresos millonarios por el impuesto de guerra, los cabecillas de esas organizaciones criminales tienen privilegios de dignatarios porque se transportan en carros blindados de último modelo y guardaespaldas. También andan bien vestidos y con alhajas costosas.
Hay jefes de pandillas que incluso tienen a sus hijos estudiando en escuelas de gran renombre en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa porque no quieren que sus vástagos sean del mismo nivel social de ellos, sino de una categoría más alta.
Una de las estrategias de los miembros de las maras para obtener el dinero del impuesto de guerra es que en la mayoría de los casos mandan a cobrarlo a menores de edad de ambos sexos, aprovechando que no son imputables de delito, de acuerdo con las leyes actuales. Las maras MS y 18 son las que cobran el impuesto de guerra.
Según la cadena de mando de las pandillas, en cada sector donde cobran impuesto de guerra o tienen presencia hay una organización a la que llaman clica y un jefe que recibe el dinero.
éste a su vez se lo entrega a los líderes máximos que lo controlan todo, o sea “los que llevan la palabra”, como se dice en su jerga.
Los jefes están agrupados en las jengas, que son las organizaciones cúpulas de las pandillas. Los principales centros de operación los tienen en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, La Ceiba y Choluteca.
Los líderes presos en los penales giran órdenes por teléfono y reciben los beneficios de los ingresos que obtienen de los ilícitos.
Infiltrados en bancos
En la estructura administrativa de las pandillas hay cajas chicas y libros contables para controlar los ingresos y gastos.
Los fondos de caja chica son para sufragar gastos como funerales y atenciones médicas cuando uno de sus miembros es herido en una de sus actividades ilícitas.
Con el dinero del impuesto de guerra que no forma parte de la caja chica compran carros, armas automáticas y semiautomáticas y alquilan casas que utilizan en sus operaciones.
Con esos fondos ayudan a los miembros de la mara que guardan prisión, mandándoles dinero, comida y ropa. Los que andan libres también reciben beneficios que les permiten tener un buen nivel de vida.
Entre las reglas de las maras está presentar estados de cuentas periódicamente y si un jefe tiene un desfalco, el segundo en mando lo mata frente al grupo; eso sucede también con cualquier miembro que agarre dinero que le pertenece a la organización porque para ellos la lealtad es importante y la jerarquía se respeta. En las colonias que tienen bajo su control, lo que los pandilleros llaman su territorio, las personas que venden sus casas tienen que darles un porcentaje del dinero de la venta.
El marero tiene ahora otra perspectiva. Ya no es un tipo con nivel académico muy bajo, sino elevado. Las indagaciones policiales establecen que el nivel de organización de los pandilleros es tal que tienen gente trabajando en instituciones, como bancos, en las cajas, para que cuando lleguen los clientes a retirar dinero avisen por teléfono para que las asalten. A esos empleados, las maras los han puesto a estudiar para que les sirvan.
También tienen personas en las universidades que estudian carreras como Derecho para contar con sus servicios y son los individuos pensantes de las maras que ahora operan como empresas. Las maras han intentado meter a sus miembros a las filas de la Policía cuando se abren los procesos de admisión en los centros de formación policial.
En las clínicas también infiltran a sus integrantes para conseguir atención más rápidamente y tienen enfermeras que los atienden en sus casas en casos de emergencia.
Barrios tranquilos
En el lenguaje de la pandilla 18, decirles mareros es una ofensa porque se dicen pandilleros. Los integrantes de la mara MS se dicen a sí mismos mareros y llamarlos pandilleros es ofensivo.
Los integrantes de la 18 se dedican más a la comisión de ilícitos de crimen organizado, como sicariato, narcotráfico, robo de carros y secuestros.
En la mara 18, los líderes operan y en la MS los jefes no lo hacen y se dan todos los lujos, andan en carros suntuosos y con las mejores armas. Las dos agrupaciones se han apoderado de la actividad del narcomenudeo en San Pedro Sula y las otras ciudades importantes del país.
A los distribuidores de droga que no son de la mara y están en la escala del narcomenudeo les cobran impuesto de guerra y si no les pagan los matan y los mareros se quedan con el puesto de venta, o plaza, como la llaman.
En la metamorfosis operacional que han tenido las maras, ahora los asaltos de carros repartidores y la ejecución de delitos en sus barrios son prohibidos porque parte de su estrategia es no llamar la atención de la Policía y hacer creer que son zonas tranquilas.
Pero sí les cobran impuesto de guerra a los vehículos repartidores. Ya no se manchan el cuerpo con tatuajes y es más difícil identificarlos.
Esas organizaciones del crimen están conectadas a nivel internacional y han transnacionalizado los delitos. Los mareros saben quién es el jefe en cada país y cuando vienen los tratan como tales.
Redes telefónicas
Las pandillas manejan una amplia red telefónica para comunicarse en sus operaciones criminales y con los jefes que guardan prisión en las cárceles del país.
Para cubrir los gastos de la red con teléfonos celulares y servicio de prepago, cuyo uso dificulta que lo rastree la Policía, los integrantes de esas agrupaciones ilegales recurren a las extorsiones telefónicas no para cobrar dinero, sino para exigir recargas como pago.
Las dos pandillas tienen a su servicio testaferros, a cuyos nombres ponen las casas que compran o alquilan y también les manejan cuentas bancarias.
También tienen taxis a su servicio que los mueven cuando tienen que usarlos. Algunos pandilleros incluso son dueños de autolotes.
