La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo en México, identificó ayer 71 municipios de 16 de los 32 estados del país como zonas de riesgo para los mexicanos y extranjeros, en su mayoría centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos y que son víctimas del crimen organizado.
Dicha comisión detalló los 71 municipios en los que “se han documentado secuestros, maltratos, extorsiones, robos y ataques sexuales a migrantes”.
Cada año unos 300,000 inmigrantes centroamericanos, a los que se suman unos 400,000 mexicanos, cruzan México tratando de llegar a Estados Unidos, en un recorrido lleno de peligros.
La Comisión de los Derechos Humanos informó en 2010, unos 20,000 inmigrantes centroamericanos fueron secuestrados por bandas del crimen organizado que los extorsionan u obligan a formar parte de sus filas.
Si los secuestrados se niegan a pagar por su liberación o ingresar a los carteles de las drogas, sicarios de estas bandas los matan como ocurrió en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando en agosto del año pasado fueron asesinadas 72 personas, la mayoría centroamericanas; incluidos hondureños.
Secuestro de migrantes
En el informe también se establece que los municipios de riesgo aparecen en su informe especial sobre casos de secuestro de migrantes en México. Entre éstos está San Fernando, donde a principios de este mes fueron hallados en fosas clandestinas 145 cadáveres, al parecer la mayoría de mexicanos; y de extranjeros sólo han identificado a un guatemalteco.
“La mayoría de estos lugares se relaciona directamente con la ruta del tren que utilizan en su tránsito por México hacia Estados Unidos”, dijo la Comisión, al apuntar que los estados donde se localizan estas zonas de riesgo son los sureños Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Tabasco. Además, los centrales de Estado de México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, el oriental Veracruz y los norteños de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. La Comisión estableció estas zonas de riesgo a partir de testimonios de migrantes, diagnósticos y datos proporcionados por autoridades de derechos humanos, contenidos en el informe especial sobre secuestro de migrantes en México.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamamiento a las autoridades mexicanas “para que garanticen de manera eficaz el derecho a la seguridad pública en puntos de reunión y tránsito de migrantes mexicanos y extranjeros, a fin de evitar hechos como los ocurridos en San Fernando, Tamaulipas”. También pide a las autoridades elaborar un mapa que señale las áreas y rutas que representan un peligro para niños, mujeres y hombres que buscan mejorar su condición de vida. Aseguró que estas medidas permitirán diseñar e implementar estrategias que ayuden a prevenir delitos contra los inmigrantes y en caso de ocurrir, perseguir y sancionar a quienes los cometan.
Calderón propone reformas
El presidente mexicano Felipe Calderón envió ayer a los senadores y a los diputados, sendas iniciativas con nuevas normas y sanciones para combatir con mayor eficacia al crimen organizado y acabar con la impunidad de quienes apoyan a los grupos criminales.
El Gobierno precisó que con estas normas se perseguirá a quienes faciliten “la realización de delitos cometidos por la asociación delictiva”. Precisa que en la iniciativa se plantean “nuevos tipos penales, bajo figuras como facilitación delictiva, a través de la cual se castigarían las actividades de los llamados ‘halcones’”.
Calderón indicó que se incorpora la “responsabilidad penal para las personas que faciliten, asesoren o brinden información o cooperación de cualquier especie que resulte idónea a otra persona para que pueda cometer un delito”.
Policías de Tamaulipas blanco
Nuevo Laredo. Las denuncias de complicidad de la policía y Los Zetas en Tamaulipas han resurgido tras la detención de 16 uniformados y la renuncia del jefe policial estatal luego del hallazgo de los cadáveres de 145 personas en fosas comunes.
Ayer, la fiscalía anunció que obtuvo una medida de arraigo que permite prorrogar por 40 días la detención a los 16 policías de San Fernando, mientras se investiga su relación con Los Zetas.
Los uniformados, son investigados “por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y homicidio”, señaló la Procuraduría General de la República. Según la investigación, los policías son sospechosos de colaborar con un grupo de Los Zetas encabezado por Martín Omar Estrada Luna, alias “El Kilo”, que cometió los asesinatos de las 145 personas halladas en fosas comunes en la zona desde inicios de este mes. Las autoridades investigan si estos cadáveres, corresponden a los de pasajeros de al menos seis autobuses secuestrados los últimos meses al pasar por San Fernando rumbo a la frontera con Estados Unidos.
“El Kilo” fue señalado como autor intelectual de los secuestros de los pasajeros. Estrada Luna, es además considerado responsable de la masacre de 72 emigrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil que fueron secuestrados y luego asesinados en una rancho de San Fernando en agosto de 2010. Ayer fue sometido a un primer interrogatorio formal por responsables de la división antidroga de la fiscalía.
