El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a través de Ivonne Ardón, comisionada, pidió al Congreso Nacional apruebe la Ley General de Archivo, que contiene sanciones para funcionarios que han sustraído documentos de sus oficinas.
El anteproyecto de ley contiene una serie de lineamientos jurídicos encarrilados a sanciones y reglamentos dentro de las instituciones estatales y, así, obligarlas a propiciar un contexto ideal para que los investigadores de los entes judiciales y fiscales puedan intervenir.
Ardón expuso que otro de los objetivos es “fortalecer la organización del archivo nacional de Honduras y la creación y organización del sistema nacional de archivos”.
Subrayó que Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dio orden a la entidad para que comiencen a abrir archivos y propicien una ejecución presupuestaria. De esa forma, expuso, los propios parlamentarios serán objeto de investigación.
Con la derogación de la denominada Ley de Secretos Oficiales, a principio de 2022, se desclasificó información que había sido reservada desde 2014, cuando entró en vigencia el reglamento.
Son 21 instituciones públicas las que tenían reservada información apegándose a la ley decretada, por lo que han pasado al inventario del IAIP para recopilar e interpretar.
Por último, Ardón anunció que esta semana sostendrán reuniones con autoridades encargadas de la Tasa de Seguridad para abordar temáticas relacionadas al destino de fondos asignados a distintas instituciones.
“Esperamos nosotros que a mediados de junio por muy tarde, la información esté disponible para los ciudadanos en el portal de transparencia”, concluyó.
