Inmigrantes ilegales de México, El Salvador y Honduras que recibían diálisis por insuficiencia renal demandaron a un hospital de Atlanta, Georgia, afirmando que los condena “a morir” por negarse a seguir tratándolos gratuitamente.
Una organización que aboga por los derechos de salud de los inmigrantes (Advocates for Responsible Care) presentó la demanda contra el Hospital Grady Memorial, de Atlanta, en nombre de los indocumentados luego de que la institución les advirtió que no podría continuar haciendo frente a sus tratamientos.
“Ellos no pueden obtener Medicaid (el sistema público para personas de escasos recursos) y ya hemos agotado todas las vías posibles de atención. Si el hospital Grady no les da el tratamiento, van a morir”, dijo Dorothy Leone-Glasser, una activista que lidera la organización, a la AFP.
Presupuesto en rojo
El hospital, que sirve a la comunidad pobre de Atlanta, afirma que la provisión gratuita de diálisis a los 31 inmigrantes ilegales, en su mayoría latinoamericanos, junto a algunos africanos y asiáticos, significaría un gasto de 4 millones de dólares anuales que afectaría su presupuesto, con un rojo de 30 millones de dólares en 2008.
Matt Gove, portavoz del Grady Memorial, dijo a la AFP que el centro médico “no puede continuar pagando estos tratamientos porque le resta beneficios a la comunidad de Atlanta y a trabajadores que pagaron a través del seguro social”.
El hospital “lleva gastados cerca de un millón de dólares en tratamiento de estas personas, además de ayudas para que viajen a hospitales de otros estados o para que regresen a tratarse a sus países de origen”, agregó.
En concreto, un grupo de pacientes del área metropolitana de Atlanta, cerca de 50 y en su mayoría indocumentados, decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras el cierre de una clínica que les atendía.
La clínica cerró en septiembre de 2009 y los cerca de 50 pacientes han recibido tratamiento de diálisis financiado por el Hospital Grady en la clínica privada Fresenius Medical Care, período que se ha extendido hasta el próximo 3 de febrero, pero que podría posteriormente cancelarse.
Los pacientes consideran que las acciones del Hospital Grady violan tanto leyes nacionales como internacionales.
