Daniel Arturo Sibrián Bueso, separado de su cargo como fiscal general adjunto del Estado hace apenas siete días, acudió a la Sala Constitucional para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 001-2023-CP/CN.
Ayer, a las 11:20 am, Daniel Sibrián presentó la demanda en el Poder Judicial por acción de inconstitucionalidad por razones de fondo contra ese decreto legislativo que oficializó el nombramiento de Johel Antonio Zelaya Álvarez como fiscal general y a Mario Alexis Morazán Aguilera como fiscal general adjunto.
Las motivaciones expuestas por Sibrián Bueso en su escrito señalan que hubo inobservancia tanto en la formalidad legislativa mínima como por carecer del sustento necesario del decreto, para invocar el precepto de lo contenido en el artículo 208 constitucional, numeral 11, en que se fundamentó la elección interina.
La elección de Zelaya y Morazán, según consta en el recurso, es contraria a lo establecido en los artículos 70 y 208 de la Constitución por efectuarse la elección interina de dos altos funcionarios del Estado, sin que existiera absoluta falta del titular del cargo.
Daniel Sibrián denuncia y sustenta en su recurso, que elementos de la Policía le impidieron el acceso a su despacho mediante intimidación y el uso de la fuerza, evitando su desempeño como funcionario del Ministerio Público.
Solicitudes
Solicitó la admisión de su recurso de inconstitucionalidad, ordenar al Congreso Nacional la remisión de sus antecedentes o informe, omitir la visita al Ministerio Público, por ser los actuales titulares nombrados mediante el decreto legislativo 001-2023-CP/CN y su presencia en el MP para ejercer sus funciones como titular de esa institución.