Tegucigalpa
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene la tarea de determinar si el decreto legislativo 4-2022, conocido como Ley de Amnistía, es inconstitucional. Como único punto en la agenda, los 15 magistrados que conforman el pleno deberán decidir, por mayoría o unanimidad, si la polémica ley es constitucional y si debe seguir vigente.
Debido a que los cinco magistrados de la Sala Constitucional no pueden participar en esta decisión (cuatro por haber conocido el caso y uno por conflicto de interés), sus vacantes serán ocupadas por cinco de los seis magistrados suplentes, para completar el pleno de 15.
Ayer se informó que una de las integrantes del pleno será la abogada Anabelly Medina Moncada, quien no es magistrada suplente, sino una de las 45 aspirantes a magistrado que no fue seleccionada en el reciente proceso de la Corte Suprema.
Nelson Mairena, magistrado de la Sala Penal, explicó: “Conforme al Reglamento Interno del Poder Judicial, deben llamarse a los abogados que figuraron en la lista de los 45 nominados por la Junta Proponente”.
Mairena enfatizó en que “el llamado de la abogada Anabelly Medina es correcto y está de acuerdo con la ley y el reglamento que rige a la Corte Suprema de Justicia”. La magistrada Odalis Nájera también comentó sobre la participación de Medina en el pleno, indicando que “ya en su momento fue llamada y juramentada la abogada Anabelly Medina”.
Medina sustituirá al magistrado Roy Pineda Castro, quien lleva varios meses convaleciente y recibiendo tratamiento médico en el extranjero.
Defensa
La administración de Xiomara Castro ha defendido la Ley de Amnistía. Enrique Flores Lanza, uno de los beneficiados, afirmó que “quienes se oponen al decreto son los responsables del golpe de Estado y de la persecución judicial que siguió”.
El asesor legal del Gobierno añadió que “la ley permite a los jueces impartir justicia a las víctimas del golpe de Estado y a quienes fueron criminalizados. El Cofadeh puede identificar casos sin implicación política, y los jueces deben rechazar esos casos”.
Angélica Álvarez, ministra de Derechos Humanos, opinó que “la amnistía protege los derechos de las víctimas del golpe de Estado y busca resarcir los daños causados durante ese nefasto evento en 2009”. Funcionarios señalaron que la normativa nunca ha garantizado cartas de libertad, por lo que no comprenden las críticas.
“La amnistía no otorga cartas de libertad indiscriminadamente, es un mecanismo para resarcir daños, y son los jueces quienes deben seguir el proceso para quienes soliciten la amnistía”, explicó Gerardo Torres, vicecanciller de la nación.
La Ley de Amnistía Política, también conocida como Pacto de Impunidad 2.0, ha sido solicitada para revisión por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como parte de las recomendaciones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) instó ayer al pleno de la Corte a declarar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 4-2022.
Es de recordar que fue publicado en el diario oficial La Gaceta y benefició con la extinción de responsabilidad penal a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
La ley dice que se aplicará a quienes fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el Golpe y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
