Las magistrados de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida Ibeth Albertina Benítez Erazo, Vianey Cruz Recarte y Dilia Irazema Guillén fueron sancionadas con la suspensión de sus cargos por un mes, en virtud de una denuncia presentada por el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Colón, en relación con la actuación de la jueza Supernumerario de los juzgados de letras seccional de Tocoa, Colón, Zoe Doralina Guifarro Díaz.
Lo anterior lo dio a conocer La Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante un comunicado oficial. La supervisión general del Poder Judicial las investiga en relación con la negación de amparo solicitado para participar en un cabildo abierto, donde se abordarían asuntos de impacto ambiental para los pobladores de varias comunidades en el bajo Aguán.
Tras un exhaustivo proceso de revisión se determinó que la jueza y la magistrada involucradas “incurrieron en graves faltas al debido proceso, al no garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
Estos actos, que constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades campesinas supuestamente afectadas por el proyecto termoeléctrico de Inversiones Ecotek son inaceptables y contravienen las exigencias de la Constitución de la República y las normativas internacionales en materia de derechos humanos, así como la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales”, dice parte del documento del Poder Judicial.
“En consecuencia, la presidencia del Poder Judicial ha dispuesto una sanción de un mes de suspensión de sus labores para las funcionarias judiciales relacionadas con esta decisión que imposibilitó la práctica de una prueba solicitada. Esta acción es una respuesta contundente y firme que reafirma la postura de esta administración ante comportamiento que desdibujan la independencia y la integridad del sistema judicial”.
El ambientalista Juan Antonio López, asesinado el pasado 14 de septiembre en Tocoa, Colón, era miembro del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Colón, organización civil que se ha opuesto a la empresa minera Los Pinares y Ecotek desde que se les otorgaron las concesiones en 2014.
Juan López y habitantes del sector se oponían por los daños provocados al río Guapinol en Tocoa. La Policía Nacional investiga su muerte y maneja como hipótesis del crimen la oposición a estos proyectos mineros en la región.
