A más de 24 horas del anuncio hecho por la presidenta Xiomara Castro, el Poder Judicial aún no termina de definir el porcentaje exacto de privadas de libertad del Centro Femenino de Adaptación Social que recibirán medidas sustitutivas de prisión preventiva debido a que no han sido condenadas o sufren enfermedades terminales.
Fuentes a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e instituciones involucradas en el proceso como parte de la solicitud hecha el miércoles por el Poder Ejecutivo, indicaron a este medio de comunicación que un conjunto de jueces de ejecución penal comenzó a trabajar desde ayer jueves con la recolección de datos, la cual se prevé estar terminada este viernes.
Desde la sala de lo penal se indicó que se empezó a revisar causas , buscar medidas de excarcelación sobre todo con pacientes con enfermedades terminales , ver libertad condicional y revisar prisión preventiva .
Las reclusas a lo interno de la cárcel de Támara están principalmente encerradas por delitos como tráfico de drogas, extorsión, homicidio, asesinato, secuestro y porte ilegal de armas.
Gran parte de ellas han formado parte de estructuras como la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha, y unas pocas declaradas como retiradas. La población común, aquella que no pertenece a un grupo en específico, es una cantidad menor en comparación, y enfrentan frecuentemente casos como robo, lavado de activos y otros.
Panorama
De acuerdo con un informe actualizado a marzo de este año por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de las más de 1,000 mujeres que guardan prisión en el país, 47% de ellas fueron sentenciadas y 53% enfrentan procesos judiciales.
Del total de presas, la cárcel de mujeres en Támara alberga a 866, de las cuales, hasta antes de la tragedia, 444 estaban con procesos pendientes en los tribunales de justicia.
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), estima que del total de privados de libertad en el país, que superan los 20,000, a al menos 2,000 presos se les venció la prisión preventiva, incluyendo un importante bloque de mujeres.
“Le recuerdo al Estado que puede usar grilletes para que estas personas se defiendan en libertad. No solo aplaudimos la petición del Ejecutivo, también le damos acompañamiento, puesto que es necesario que a todo preso con necesidad de ello se le cambie la medida y se le otorgue un arresto domiciliario, por ejemplo”, señaló el representante de este organismo.
Falencias
Desde sectores de la sociedad civil se reclama que la falta de recursos y personal en el sistema judicial ha conducido a una acumulación de casos, lo que resulta en demoras significativas. Uno de los principales problemas ha sido la falta de acceso a representación legal adecuada, ya que muchas mujeres en prisión carecen de recursos para contratar abogados privados competentes, lo que afecta su capacidad para defenderse adecuadamente y puede alargar los procesos.
La excesiva carga de expedientes entre los fiscales se suma a la problemática. Todo esto representa un retraso en los procesos judiciales y contribuye al hacinamiento, a ser juzgadas en un tiempo no razonable e impacto psicológico.
