03/03/2024
02:05 AM

Honduras enfrenta cinco casos en Corte Interamericana de Derechos Humanos

Entre 1980 y 2022, la CIDH, con sede en Costa Rica, decretó 26 sentencias contra Honduras. En agosto de este año debe rendir un informe sobre el caso de Herminio Deras.

SAN PEDRO SULA

Además de estar en la obligación de cumplir 14 sentencias, el Estado de Honduras enfrenta cinco casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a la Convención Americana y se ubica entre los diez países de la región con más procesos pendientes.

Uno de estos casos, según esa organización con sede en San José, Costa Rica, se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado por la presunta falta de protección de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de San Juan y Tornabé y las amenazas contra varios de sus líderes.

La comunidad garífuna recurrió a esa instancia porque, pese a que en el año 2000 el Instituto Nacional Agrario (INA) le otorgó un título de propiedad, el Estado no le ha garantizado la posesión de todas las tierras y, en contraste, se las concedió a proyectos hoteleros y Municipalidad de Tela para ampliar el casco urbano.

La Corte abrió este caso el 12 de agosto de 2020 y el 12 de mayo de 2021 respondió el Estado. En mayo del año pasado, evacuó los alegatos y las observaciones finales para próximamente emitir una sentencia.

" La corte interamericana de derechos humanos se quedó corta en la sentencia de nuestro caso. "

Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), le dijo a Diario LA PRENSA que la comunidad garífuna “solamente está esperando que en los próximos meses la Corte dé una sentencia favorable”.

“Esperamos que la Corte se pronuncie con un resultado a favor de la comunidad en este caso de San Juan y Tornabé. Tenemos otros casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el de Cayos Cochinos, la Ley de Propiedad y Travesía, que llegarán a la Corte”, explicó.

Para la líder garífuna, las violaciones a los derechos humanos relacionados con estos casos se dieron en los última década cuando gobernaron los nacionalistas, sin embargo, “es preocupante que el nuevo gobierno no dé respuestas y no cumple la sentencia a más de un año de haber llegado al poder”.

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Otro de los casos pendientes en la Corte concierne a la destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras entre 2012 y 2014.

De acuerdo con registros de la Corte, los afectados argumentan que al momento de ser destituidos, “no existía en Honduras disposición alguna que regulara la competencia de alguna autoridad y el procedimiento sancionador de carácter político al que fueron sometidas”.

En una lista de unos veinte países que aceptan la competencia contenciosa de la CIDH, con cinco procesos, Honduras está entre los 10 Estados con más “casos en trámite”. En América Latina, Ecuador (16), Perú (13), Brasil (11) y Venezuela (10) enfrenta el mayor número.

Sentencias

Además de casos pendientes, entre 1981 y 2022, la Corte ha dictado 26 sentencias contra Honduras. Esta cifra lo ubica en el grupo de Estados con más fallos recibidos por violación a los derechos humanos: Perú (104), Guatemala (55), Colombia (44), Ecuador (41), Argentina (38) y Venezuela (33).

El 25 de agosto de 2022, la Corte emitió la última sentencia contra Honduras por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Herminio Deras García.

" La comunidad garífuna tiene tres casos más en el sistema interamericano que llegarán a la corte. "

Deras García (septiembre de 1941) vivía en la ciudad de San Pedro Sula, era maestro, dirigente político del Partido Comunista de Honduras (PCH) y asesor de distintos sindicatos de la costa norte del país.En la mañana del 26 de noviembre de 1981, miembro del Tercer Batallón de Infantería y agentes de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación (DNI) allanaron su domicilio.

Dos años más tarde (29 de enero de 1983), un policía de Tránsito, siguiendo instrucciones de un miembro del Batallón 3-16, lo interceptó.

Según documentos de la Corte, mientras requisaban el vehículo del señor Deras García, dos miembros del Batallón 3-16, incluido el entonces oficial Marco Tulio Regalado Hernández, ingresaron a su automóvil. Posteriormente, el mismo oficial de Tránsito habría visto al señor Deras García conducir su vehículo junto a los dos miembros del Batallón 3-16, y, momentos después, oyó un disparo. Al llegar al lugar de los hechos, lo encontró sin vida dentro del carro.

De acuerdo con la sentencia, el Estado “deberá, en un plazo razonable, investigar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial de Deras García y a todos los responsables de las demás violaciones (...)”.

En unas cuatro décadas, la CIDH ha emitido 26 sentencias contra Honduras, de estas, 14 están bajo supervisión. Una de ellas es la de Vicky Hernández, mujer transgénero, asesinada en San Pedro Sula en 2009. La madre de Vicky Hernández.

Tendrá que brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico que requieran las víctimas, construir un mausoleo en la tumba de Deras García; el Estado pagará por concepto de daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos.

La sentencia dicta que Honduras dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas.

Rufino Cruz, amigo y exalumno de Deras García en el Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, espera que el “Estado de Honduras, que desde la década de 1980 ha sido un violador de derechos humanos, cumpla con esta sentencia”.

“Es lo menos que puede hacer el Estado de Honduras, cumplir esa sentencia. Honduras se ha caracterizado por el incumplimiento de las responsabilidades sociales, económicas y políticas. Si debe indemnizar a la familia de Herminio Deras, debe hacerlo.

El Estado aceptó la sentencia y el paso siguiente es ejecutarla. Yo fui alumno de Herminio desde 1974 cuando se formaba política e ideológicamente a los jóvenes para defensa de sus intereses. Yo estudié en el Reyes y me gradué en el Tridentino”, dijo Cruz a Diario LA PRENSA.

“Él fue profesor desde los años sesenta hasta que lo asesinaron”.Una de las sentencias emblemáticas contra Honduras la decretó la corte el 5 de octubre de 2016 a favor de los exjueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, la exmagistrada Tirza Flores Lanza, destituidos de los cargos por expresar una posición contraria al golpe de Estado de 2009.

La Corte resolvió que “en el marco del daño material, deben ser reconocidos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por las víctimas desde el momento de su remoción arbitraria hasta la fecha de emisión de la Sentencia, incluyendo los intereses pertinentes (...)”.

El abogado Adán López Lone le explicó a Diario LA PRENSA que “en esta sentencia la Corte se quedó corta y el Estado no ha cumplido totalmente” y contrariamente vuelven a ser víctimas porque el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (Injupemp) “está cobrando cuotas (individuales y patronales) dejadas de pagar más intereses”.

Respecto a la indemnización, López Lone aclaró que sí recibieron una indemnización pero “no compensa la cantidad equivalente a los salarios caídos” que dejaron de percibir.

El caso López Nole es uno de las 14 que está bajo supervisión.En este grupo se encuentra también el de Vicky Hernández, mujer transgénero, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans, asesinada en San Pedro Sula por agentes estatales en 2009. La sentencia la dictó la Corte el 26 de marzo de 2021.

Honduras enfrenta cinco casos en Corte Interamericana de Derechos Humanos