Un nuevo conflicto se ha desatado entre funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
El primero fue en la Secretaría de Cultura y este nuevo conflicto se da en el Instituto Nacional Agrario, INA. Curiosamente, las dos dependencias están en manos de dirigentes de partidos emergentes, Pinu y UD, respectivamente.
La subdirectora del INA, Deisy Felipa Ibarra, denunció al director César Ham de mantenerla marginada y haberle retenido desembolsos por siete millones de lempiras para pagarles a empleados contratados por ella.
La funcionaria, que no forma parte del partido político al que pertenece Ham, dijo que el presidente Porfirio Lobo Sosa la autorizó el 28 de febrero del corriente año para suscribir 16 convenios con las confederaciones campesinas, mediante los cuales estas organizaciones contrataron a un grupo de empleados que aún no han recibido pago alguno.
La situación se la planteó al mandatario Lobo Sosa, quien le advirtió que si no se ponen de acuerdo ordenará el traslado de los fondos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La funcionaria no asistió a la ceremonia de celebración del 50 aniversario del INA.
Meses atrás, el ministro de Cultura, Bernard Martínez, tuvo serios problemas con el activista político Godofredo Fajardo. Las máximas autoridades del Ejecutivo tuvieron que pedir orden por el vergonzoso espectáculo que ambos ofrecían en los medios de comunicación.
Reacción de Ham
Ham dijo que la subdirectora Ibarra puede autorizar cheques solamente cuando él no está.
“En el INA hay un orden, una jerarquía; es como si en Casa Presidencial firme un designado, estando el Presidente de la República; si firma es con consentimiento del Presidente y en el INA es igual”, expresó Ham.
El funcionario aseguró que no hay ningún conflicto con la subdirectora de la institución y prometió hablar con ella para saber qué pasa porque no le ha planteado ningún malestar.
“Los viceministros firman cuando el ministro no está, pero estando el ministro, éste va a autorizar”, expresó Ham cuando se le consultó por qué su colaboradora no puede autorizar el pago para los empleados contratados por las confederaciones campesinas.
Lo que pasa es que “hay situaciones en las cuales hemos puesto las manos y que a algunos no les ha gustado”, concluyó.
