Uno de los cinco aspirantes propuestos por la Junta Proponente para los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto de Honduras enfrenta acusaciones en medio del proceso de selección.
Se trata del abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez, cuarto posicionado durante la evaluación de la Junta Proponente con una calificación definitiva del 80.94%,
Esta lista emergió tras el riguroso escrutinio que siguió a la presentación espontánea de 26 profesionales en derecho, ya que no todos cumplieron con los requisitos estrictos o superaron las evaluaciones establecidas.
Aunque la Junta Proponente sostiene haber dado prioridad a la meritocracia, la idoneidad y el perfil de los candidatos, una reciente denuncia sugiere que se pasó por alto un requisito crucial en el caso de Zelaya Álvarez.
Denuncias
El abogado Pedro Antonio Bustillo Roque presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público el 15 de agosto de 2023, alegando que Zelaya Álvarez ha incurrido en tres delitos: falsificación ideológica, uso de documento falso y perjurio.
Dato
La elección del fiscal general y fiscal general adjunto debe ser completada en el Congreso Nacional antes del 1 de septiembre de 2023, ya que es la fecha en que concluyen sus funciones las autoridades actuales del Ministerio Público después de un mandato de cinco años.
Bustillo sostiene que, en marzo de 2021, Johel Zelaya participó como precandidato a alcalde por el movimiento político "Recuperar Honduras" y posteriormente se postuló como candidato a regidor por el Partido Liberal en las elecciones generales de noviembre del mismo año. Estos actos, denuncian, violarían el artículo 42, numeral 13, inciso a) del reglamento de la Junta Proponente, que prohíbe tener o haber tenido una afiliación política activa en los últimos tres años.
Para respaldar su acusación, Bustillo cita la Declaración de Elecciones publicada por el Consejo Nacional Electoral en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de diciembre de 2021, la cual confirma que Johel Zelaya resultó electo como regidor 4 por el Partido Liberal de Honduras en el municipio de Reitoca.
Bustillo también señala que Zelaya ocultó su afiliación política durante gran parte del proceso ante la Junta Proponente, mostrando su verdadero rostro solo en la entrevista pública. Asegura que esto fue para evitar que se le identificara como alguien que había ocupado un cargo de elección popular debido a su participación en el Partido Liberal.
El denunciante argumenta que si la Junta Proponente hubiera tenido conocimiento de la falsedad u omisión de información en la declaración jurada presentada por Zelaya, este habría sido excluido del proceso.
Bustillo compara esta situación con casos menores donde autopostulantes fueron expulsados por no declarar demandas de reajustes salariales con instituciones públicas.
Adicionalmente, Bustillo sugiere que se investigue la relación entre el candidato a fiscal y la ministra de Finanzas y exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada. También se señala la amistad del candidato con Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en el periodo de 2006. Chimirri lo nombró asesor de la empresa estatal, lo que sugiere tratos preferenciales.
Frente a estas acusaciones, Bustillo instó a las autoridades competentes a iniciar un requerimiento fiscal contra Johel Antonio Zelaya Álvarez por los delitos mencionados.
Además, solicita investigaciones pertinentes, incluyendo la obtención de una copia certificada de la carpeta presentada por Zelaya a la Junta Proponente, contactar al Comité Central del Partido Liberal para aclarar su participación en elecciones anteriores, y consultar al CNE sobre la omisión del candidato en su constancia de afiliación política.
La denuncia concluye que Johel Zelaya "manipuló la verdad en una declaración jurada ante notario público y presentó este documento conscientemente falso para demostrar idoneidad en el proceso de selección en curso".
