El primer acercamiento de los miembros que integran la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra se dio ayer en el Palacio de Justicia; la reunión sirvió para nombrar las primeras subcomisiones de trabajo y establecer los protocolos jurídicos a aplicar.
José Francisco Funes, director del Instituto Nacional Agrario (INA), quien preside la Comisión, explicó: “En los dos bloques de acceso a la tierra se están creando las iniciativas de ley que van a enviarse al Congreso Nacional y estamos trabajando los diferentes instrumentos jurídicos para poder aplicar las órdenes de desalojo judiciales para que vuelva la calma al país”.
Una de las subcomisiones trabajará en la elaboración del protocolo para establecer o seleccionar los jueces y fiscales con jurisdicción nacional, que se ocuparán para impartir justicia en este tipo de casos.
Claves
Alrededor de 35,000 manzanas de tierra están en manos de invasores, de acuerdo con las estimaciones del gobierno central. La comisión, según expertos, debe evitar que continúen las invasiones y gestionar que la Corte Suprema de Justicia entregue las órdenes de desalojo.
La presidenta Xiomara Castro ha dicho que “se concede prioridad a las tierras tomadas de la empresas del sector social de la economía y de la reforma agraria, así como fincas privadas relacionadas con actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva”.
Funes indicó que estos instrumentos no servirán únicamente para expropiar tierras, sino, “hacer cualquier desalojo en el marco de una ley que asegure la protección de la vida humana, seguridad jurídica y sobre todo el respeto a los derechos humanos”.
Operativos estratégicos
Otra subcomisión trabajará en los operativos estratégicos que se harán en los lugares donde indican las ordenanzas judiciales, especialmente con las tierras tomadas después de la Reforma Agraria.
En la reunión de ayer en el Poder Judicial participaron representantes de las Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Defensa y Seguridad Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del INA.
El valle del Leán, en el norte del país, es una de las zonas en las que se estaría priorizando para hacer estos operativos.Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) aplauden las acciones anunciadas en el marco de creación del consejo, pero también ponen sobre la mesa sus inquietudes.
