El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, aseguró que confía en la justicia hondureña.
El jerarca castrense reaccionó a la acusación que le interpuso el Ministerio Público, MP, junto con otros cinco comandantes de las Fuerzas Armadas, por suponerlos responsables de abuso de autoridad y expatriación de Manuel Zelaya.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Alberto Rivera, juez natural, fijó para mañana la celebración de la audiencia de declaración de imputados citando a los encausados a comparecer voluntariamente.
Vásquez está seguro de que la justicia se inclinará a favor de la alta oficialidad, ya que sus actuaciones están apegadas a la ley.
“Confiamos en la justicia. Este tema no lo estamos manejando como persona, sino que tenemos un grupo de abogados que están llevando la defensa de la Junta de Comandantes”, expresó.
A desvanecer acusación
La defensa de la Junta de Comandantes se sustentará en desvanecer con argumentos la acusación que interpuso el Ministerio Público, MP. No se piensa pedir una amnistía.
Los abogados aseguran que responderán con argumentos el requerimiento fiscal del MP. “Estamos totalmente y enteramente preparados para hacerles frente a los hechos ya planteados por el Ministerio Público en el requerimiento”, expresó Juan Sánchez Cantillano, uno de los defensores.
“Consideramos que tenemos más que suficientes elementos para sustentar la defensa”, añadió.
Sobre la amnistía por delitos políticos por los hechos del 28 de junio, este punto no es de interés en la defensa. “Como abogados, no pensamos en una amnistía. Nuestro pensamiento está estrechamente orientado a desvanecer, desde el punto estrictamente jurídico, los hechos que se están imputando”, recalcó el defensor.
Aseguró que una amnistía no está dentro del enfoque de la defensa ni es una esperanza de sus representados, aunque no descartó que pudieran acogerse a ella en caso de que sea aprobada.
La tesis de la defensa estará basada en que la expatriación de Zelaya a Costa Rica se debió a un estado de necesidad, referido a que ante un mal mayor, un mal menor, para evitar un baño de sangre en el país.
“Ellos (los seis comandantes) están con la disponibilidad de hacerle frente a los hechos que la Fiscalía ha planteado”, concluyó.