Este sábado en la mañana será la audiencia de declaración de imputados para los tres capturados el jueves en Islas de la Bahía, quienes formaban, según las indagaciones, una red criminal dedicada a la trata y explotación sexual de menores de edad y tráfico de drogas y armas.
La Fiscalía solicitó al juez que lleva la causa una extensión de 48 horas, por lo que los imputados serán presentados este día. Fuero trasladados desde Roatán a los juzgados de criminalidad organizada en Tegucigalpa.
Harold Green, William James Murdock y Gustavo Trejo, capturados el jueves en allanamientos en Roatán, son acusados por el Ministerio Público de pornografía infantil, trata de personas y otros delitos conexos contra jóvenes y menores de edad, así como tráfico de drogas y armas.
“Como establece la ley, el juez le autorizó al Ministerio Público la extensión de 48 horas para presentar a estas personas. Hay personas que están dando información valiosa al Ministerio Público, y todo eso ha surgido a raíz de las operaciones de ayer -jueves-, por eso se pidió la ampliación”, explicó Yuri Mora, vocero de la Fiscalía.
Se está buscando al norteamericano Antonu Frank Grayson, quien tiene orden de captura por los mismos delitos, “pero que no se pudo localizar el día de ayer (jueves) en los allanamientos. No es cierto que salió del país”, indicó Mora.
Sobre los policías involucrados en esta red, llamada Delta Teams, aseguró que ya tienen la información de ellos y están identificados. En el caso del juez de paz implicado en la red, Mora aclaró que su proceso es distinto. “Para ellos se tiene que hacer un antejuicio, y la Corte Suprema de Justicia tiene que tomar sus decisiones”, explicó.
Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, aseguró que el funcionario mencionado en este caso sigue en su cargo, “con base en lo que indica la Ley de la Carrera Judicial corresponderá ya a las máximas autoridades aplicar las sanciones ya establecidas en nuestra normativa interna, esto sin perjuicio de los procesos penales incoados en su contra”.
Desde octubre de 2023, la supervisión general del Poder Judicial, de oficio, inició las investigaciones “para el servidor judicial señalado y que aparentemente forma parte de una banda de asociación ilícita”, aseguró Carlos Silva.
