Sectores internacionales y nacionales relacionados a los derechos humanos mostraron su preocupación por la determinación del gobierno de Xiomara Castro en designar a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) al frente de la dirección de los centros penales.
La administración actual detalló que a partir del 1 de julio del presente año la coordinación, dirección y control de los 25 centros penales de Honduras, por un período de un año, recaerá en la PMOP.A su vez, la institución deberá reclutar, capacitar y formar por lo menos 2,000 nuevos custodios de centros penales.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, comentó que “nos preocupan las medidas de la presidenta Xiomara Castro tras la matanza en la cárcel de Támara. Militarizar prisiones y ampliar el estado de excepción no es el camino. Honduras necesita una política de seguridad que proteja al pueblo hondureño y respete los derechos humanos”.
La misma postura tuvo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que, mediante un comunicado, instó al gobierno a no militarizar los reclusorios del país.
“Abstenerse de implementar procesos de militarización como respuesta a los acontecimientos de violencia acaecidos en los centros de reclusión, particularmente aquellos en donde se encuentran mujeres”, recomendó el Conadeh.
Un punto que preocupó al general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, es el trabajo de capacitación por parte de la Policía Militar a nuevos policías penitenciarios.
“Considero improcedente en el sentido de que es el Instituto Nacional Penitenciario a través de su centro educativo el que debe cumplir con la función de preparar el personal. El nuevo agente penitenciario se formaría mediante la doctrina de la Policía Militar”, opinó.
Con la delegación a la PMOP se disuelve la comisión interventora que era liderada por la doctora Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad. También eran parte Sandra Rodríguez y Mario Chinchilla, ambos encargados de derechos humanos y el área legal.
