Honduras aprobó el Examen Periódico Universal, EPU, en materia de derechos humanos ante el Consejo de las Naciones Unidas.
Ana Pineda, ministra de Derechos Humanos, informó que la comparecencia en Ginebra, Suiza, fue un éxito para el país.
“El Estado de Honduras reconoce que en el actual momento prevalecen índices de impunidad pero que igualmente existe la voluntad política para revertir esa situación”, declaró Pineda a la AFP, tras mencionar el tema durante su intervención, pero al margen del discurso escrito que leyera en el debate.
“Honduras está consciente que la libertad de expresión y de prensa es un derecho fundamental para la consolidación de la democracia y en ese sentido creemos que el ejercicio del periodista debe estar libre de intimidación y de violencia y se están creando las condiciones para que así sea”, aseguró la ministra.
Examen
Estos anuncios se produjeron en la aprobación del informe del Examen Periódico Universal, EPU, de Honduras celebrado en noviembre pasado, una revisión de los derechos humanos al que están obligados los miembros de la ONU cada cuatro años, donde los demás países les hacen recomendaciones, que pueden ser acatadas, rechazadas o dejadas temporalmente en estudio.
“Honduras es un país afectado gravemente por la violencia y la delincuencia (...) hay 10 periodistas que han sido asesinados en nuestro país, en noviembre dimos cuenta de que dos de esos casos estaban judicializados, a la fecha ya hay cuatro”, precisó la ministra a la AFP, enumerando los sumarios en que ya se ha identificados a quienes cometieron los homicidios.
Las investigaciones de otros 6 casos están en proceso.
Para Pineda eso “evidencia que el Estado de Honduras tiene la voluntad para investigar cualquier muerte que se produzca en nuestro territorio”.
Las críticas
Mientras tanto, una veintena de Organizaciones no Gubernamentales, ONG, criticaron al gobierno de Honduras en las deliberaciones, reclamando “garantías de no repetición de la violación del derecho de la libertad de expresión” y el respeto por el derecho a la vida de los periodistas.
Sin embargo, Honduras respondió positivamente a las 12 recomendaciones sobre las que le faltaba pronunciarse, de las 129 que le efectuaran los demás Estados durante la realización del EPU en noviembre 2010, destacando la de Eslovaquia de “poner fin a cualquier procedimiento disciplinario que se haya iniciado contra jueces que sean percibidos como inclinados a cuestionar el golpe de Estado”.
Al respecto, una misión a Honduras de la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, identificó a fines de 2010 la expulsión de la magistratura de cuatro jueces que habrían expresado su oposición al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
La ministra Pineda enfatizó que las 129 recomendaciones eran aceptadas pero que dos de ellas se postergaban “en el tiempo” por “sus implicaciones de orden estructural... por cuanto implican la creación de nuevas instituciones”, que exigen asignaciones presupuestarias, “una agencia de investigación adscrita al Ministerio Público”, y una “oficina especial” u “ombdusman” de los niños.
