Una misión oficial de Honduras viajó ayer a Ginebra, Suiza, para informar el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la ejecución de recomendaciones hechas por ese organismo en noviembre pasado.
La delegación presentará un informe sobre trece recomendaciones pendientes, de 129 planteadas en la primera comparecencia el 4 de noviembre, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento hondureño, Orle Solís, miembro de la misión. La presentación de Honduras corresponde al Examen Periódico Universal, EPU, una evaluación del estado de los derechos humanos al que son sometidos todos los países miembros de las Naciones Unidas, explicó Solís.
El funcionario indicó que la misión es presidida por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, e integrada además por la fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce, entre otros funcionarios. Las denuncias por abusos contra los derechos humanos en Honduras aumentaron tras la destitución del ex presidente Manuel Zelaya en 2009.
Solís afirmó que el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones del Estado hondureño han tomado las medidas necesarias para ejecutar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las trece que estaban pendientes, precisó, es la reciente aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura, que asumirá las funciones administrativas en el Poder Judicial, cuya creación fue recomendada con el propósito de asegurar la independencia en la gestión de la justicia.
Otra recomendación cumplida es la adaptación del Código Penal y otras leyes hondureñas a la Convención contra la Tortura y su protocolo adicional, añadió Solís.
El CN también derogó hace varias semanas una antigua ley sobre el estado de sitio, que databa de 1936.
Las 129 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Honduras van desde reforma o derogación de leyes hasta creación o fortalecimiento de instituciones públicas, como es el caso del nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado expresó su preocupación porque puedan quedar en la impunidad los crímenes contra periodistas, mujeres, homosexuales y otros sectores vulnerables registrados en los últimos dos años.
Sin embargo, afirmó que “hay voluntad del Estado para resolver estos casos, que están en proceso de investigación”.
