El diputado nacionalista Ariel D’Vicente es periodista y dueño de un canal de televisión en Choluteca.
“Vengo como ciudadano”
“He venido acá como un ciudadano honesto y honrado a cumplir mi deber. El MP me citó para aclarar el caso de las camaroneras”, les dijo Guillén a periodistas tras responder interrogantes de fiscales en un lapso de dos horas.
“Como lo prometí, vengo como ciudadano, sin la investidura de ministro, a enfrentarme a este proceso”.
Fue lo único que declaró Guillén a periodistas; delegó en su abogado Julio César Ramírez responder las interrogantes de los comunicadores.
Ramírez aseguró que ha acreditado al MP la inocencia de su representado, a quien lamentó que se le haya denigrado su imagen. Explicó que en el año 2011 el Gobierno perdió 22 millones de lempiras con las camaroneras por estar invadidas y por efectos climáticos.
Por ello, el consejo de administración le recomendó a Finanzas la suscripción del contrato de arrendamiento por el mismo valor que se pretendió concretar en la administración de William Chong Wong.
Según la denuncia, el millón decomisado sería parte de una cabuda para financiar a un alto funcionario en política.
“Aquí no ha habido ningún acto irregular, es totalmente falso que aquí haya habido estipendios para la firma de este contrato”, aseguró el apoderado.
“Mi cliente nunca conoció ni nunca tuvo contacto con las personas con quienes se negoció el contrato de arrendamiento”.
Pide devolución del millón
En relación con los 1,125,000 decomisados, aseguró que se trata de un préstamo y en tres ocasiones se requirió pagarlo.
Se les consultó por qué pedirle el préstamo a una ferretera y trasladar la fuerte cantidad por carretera a San Pedro Sula en lugar de solicitarlo o depositarlo en un banco para mayor seguridad y dada la experiencia de Guillén en finanzas.
Explicó que fueron “circunstancias especiales y particulares”, que la subasta de dólares que dispuso el BCH (Banco Central de Honduras) no cubre las necesidades, que “en el aeropuerto, en la calle peatonal, es oficial y reconocida la compra de dólares”.
Contestó que por la coyuntura del viaje de su esposa, Guillén decidió trasladar el dinero por carretera.
“No se ha hecho nada incorrecto”, aseguró. Afirmó que acreditaron la propiedad del dinero y vehículo decomisado, por lo que piden su devolución.
El dinero y el lujoso vehículo en que se conducía la esposa del exfuncionario siguen en poder de la Oabi (Oficina Administradora de Bienes Incautados), confirmó su titular Humberto Palacios Moya.
Requerimiento
Después de la declaración de Guillén ayer, los fiscales deberán analizar si presentan un requerimiento fiscal en los Juzgados de Letras Penal en Comayagüela.
El futuro del contrato de arrendamiento está en manos del consejo de administración del grupo camaronero, que preside el subsecretario de Finanzas, Carlos Borjas Castejón.
Según la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Cuentas, el contrato es nulo “porque se violó el mismo al no pagar por anticipado el monto del arrendamiento más el 12% del impuesto sobre ventas”, entre otras violaciones legales que cometió Guillén al aprobar el arrendamiento.
El decomiso del dinero a la esposa de Guillén, siendo ministro de Finanzas, y el vínculo del vehículo en que se conducía a una organización no gubernamental, vinculada supuestamente a personas cercanas a Juan Hernández, presidente del Congreso Nacional, causaron la destitución inmediata de Guillén.
El exministro de Finanzas fue reemplazado en el cargo por Wilfredo Cerrato.
El CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) exigió el esclarecimiento del decomiso de los 1,125,000 lempiras encontrados a la esposa de Héctor Guillén.
“Esperamos que el Ministerio Público nos dé respuesta de qué sucedió con estos hechos.
La población espera respuestas. ¿Por qué una persona anda 1,125,000 lempiras en su vehículo, habiendo en el sistema financiero las operaciones bancarias con mayor seguridad?”, manifestó Juan Carlos Berganza, jefe de la Unidad Jurídica del CNA.
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