El Gobierno lanzó ayer la Política Integral de Convivencia Ciudadana para Honduras 2011-2022, una estrategia que crea una entidad similar al Consejo Nacional de Seguridad Interior, Conasin.
Este plan funda diferentes instancias con la función de elaborar políticas de combate a la criminalidad, responsabilidades que por ley le pertenecen al Conasin.
La norma da vida al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
“El sistema estará compuesto por las autoridades superiores del Poder Ejecutivo responsables de la formulación de las políticas y estrategias del sector, así como otras instituciones pertenecientes a otros poderes públicos directamente implicados en el combate al delito”, dice el punto número 5 de la iniciativa.
Al Conasin lo integran: el secretario de Seguridad, quien lo preside; el fiscal general de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, las centrales obreras, centrales campesinas, las organizaciones de mujeres, la Asociación de Municipios de Honduras, Amhon, las organizaciones de derechos humanos y los comités u organizaciones municipales de seguridad ciudadana.
El nuevo organismo estará conformado por las mismas dependencias.
Entre otras funciones tendrá
la misión de asesorar al Presidente y al ministro de Seguridad “en situaciones específicas de seguridad”.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez; sus dos viceministros, Armando Calidonio y Roberto Romero Luna; la ministra de la Presidencia, María Guillén; el fiscal adjunto, Roy Urtecho y el representante del PNUD, José Eguren, encabezaron el acto de lanzamiento del plan en Casa de Gobierno.
En el numeral 5 de la estrategia, referente a las líneas estratégicas de acción, se propone una “reingeniería policial”.
Por ejemplo, se propone elevar a la dirección general a Dirección Nacional de Asuntos Internos para que tenga
mayor independencia en su trabajo, aunque no especifica cómo. También, el plan contempla dar un rango general a la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
A la Secretaría de Seguridad se le agregará una tercera subsecretaría, la de Convivencia y Participación Ciudadana, misma que tendrá bajo su mando dos direcciones.
Estas direcciones serán las de Convivencia y la de Participación Comunitaria.
Otro mecanismo del plan hace referencia a la intervención de sitios de mayor peligrosidad del país y mejorar los mecanismos sobre la portación de armas.
La parte introductoria de la Política Integral muestra una serie de encuestas que evidencian la desconfianza de la población hacia las instituciones que combaten el crimen. Esta política le da participación a los gobiernos locales en las acciones para enfrentar la violencia.
Ley violenta la Constitución
El diputado pinuista German Leitzelar consideró que la Ley de Depuración de la Policía Nacional violenta principios constitucionales porque de aprobarse, le daría la facultad al ministro de Seguridad de despedir policías por presuntos actos de corrupción y sin que se hayan probado los actos ilícitos.
“Se debe de analizar más despacio el proyecto y ver cuál es la fundamentación que se trae, porque así a simple vista puede tener implicaciones de violación a normas constitucionales”.
Por su lado, la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, dijo que si la ley violenta la Constitución no debe ser aprobada por el Congreso Nacional.
“Estaremos pendientes de ver los alcances porque si
una ley
violenta la Constitución no se puede permitir, de momento no puedo decir más porque hay que esperar a conocer más el proyecto”.
El coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, Oswaldo Canales, reflexionó que una ley que le dé plenos poderes a un funcionario puede ser peligrosa porque “el poder absoluto corrompe absolutamente”.
