Por lo menos $1,000 millones gastaron los últimos tres gobiernos (uno de Porfirio Lobo Sosa y dos de Juan Orlando Hernández) en proyectos de diferente índole en el corredor seco, donde más de 2 millones de personas tienen dificultades para acceder a alimentos.
El abundante gasto, que supera el 10% de la deuda externa pública, no provocó ningún cambio, al contrario, en la última década la situación socioeconómica empeoró.
La pobreza se acentuó, la producción de granos básicos mermó y la inseguridad alimentaria sigue siendo una amenaza constante a tal grado que entre junio y agosto la población asentada en esa región entrará en una fase crítica, según los pronósticos de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).
Ricardo Fiallos, gerente municipal de la alcaldía de Intibucá, Intibucá, considera que a lo largo de una década el gobierno central “estuvo desarrollando una estrategia incorrecta y por esa razón la situación sigue igual en el corredor seco”.
“Por ejemplo, la vez pasada aquí vinieron con el saco solidario, pero eso solo dura 15 días. Al productor hay que apoyarlo con semilla, insumos y sistemas de riego para que produzca todo el año. El Estado debe revisar la forma cómo ayuda. Solo en el municipio de Intibucá tenemos 15,000 familias que necesitan apoyo dentro de una estrategia integral. Las autoridades a nivel central deben conocer los problemas reales que suceden en los territorios para superar la crisis. Aquí necesitamos un programa de reforestación agresivo y masivo”, dijo.
La suma gastada tiene como fuentes los fondos del gobierno, donaciones de entidades internacionales como el Fondo de Inversión en el Clima (CIF) y préstamos (que han disparado la deuda externa) otorgados por organismos de crédito como el Banco Mundial (BM) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
CLAVES
1. Reforestación masiva y sistemas de riego
Productores y autoridades municipales consultadas estiman que el nuevo gobierno debe realizar una reforestación masiva e instalación de sistemas de riego.
2. Diversificación de la producción agrícola
Debido a que las tierras en el corredor seco son áridas, los productores necesitan apoyo para dedicarse a cultivos que se desarrollen en condiciones adversas.
Entre las entidades ejecutoras de los proyectos, de acuerdo con el portal Honducompras y archivos de la Secretaría de Finanzas, figura la desaparecida Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), epicentro de escándalos de corrupción que han hecho mella en la administración pública.
Entre 2014 y 2021, Invest-H ejecutó más de $127 millones en el proyecto Alianza para el Corredor Seco desarrollado en 80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Bárbara, Ocotepeque y Choluteca.
Según la ficha ejecutiva del proyecto enviada por Invest-H a Finanzas, esta iniciativa tenía como objetivo sacar de la pobreza a 12,000 hogares y 15,000 hogares de la extrema pobreza; reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.
Esa misma institución ejecutó entre 2020 y 2021 el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad con un gasto de $91,400,000. Tenía como objetivo específico “mejorar el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria (30,000 hogares de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara)”.
En 2015, el BM le donó $30 millones a Honduras para desarrollar proyectos en 25 municipios de Francisco Morazán, Choluteca y El Paraíso.
En 2019 el gobierno habilitó, por medio del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), L200 millones (más de $8 millones) para asistencia técnica a los productores.
En 2020, mediante acuerdo ejecutivo 471-2020, el Presidente autorizó a la Secretaría de Finanzas suscribir con el BM un acuerdo de financiamiento hasta por $70,000,000, para la ejecución del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
En el primer trimestre de 2021, según el Banco Central de Honduras (BCH), el Gobierno contrató deuda con la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial por $220 millones para “financiar el Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco; y la recuperación de la emergencia a causa de las tormentas tropicales Eta y Iota”.
Lamentan. Adán Méndez, alcalde de Liure, El Paraíso, otro municipio severamente afectado por las sequías, lamenta que los gobiernos anteriores “hayan gastado tanto dinero en muchos proyectos que fracasaron según lo confirman los resultados que estamos viendo”.
“No voy a ofender a nadie. Está claro, los gobiernos del Partido Nacional hicieron un desastre. Calculo que del 100% del dinero que gastaron en el corredor seco, el 50% se lo llevó la corrupción, el 15% el pago de empleados y solo el resto los destinaron a los proyectos”, dijo Méndez.
Con el cambio de gobierno, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) ve con optimismo el futuro para esa región. De acuerdo con esa entidad, la administración de Xiomara Castro ha dado dos pasos importantes en los primeros cien días. Ha establecido un acercamiento con las alcaldías y ha eliminado la partida que el gobierno anterior le dio a las Fuerzas Armadas para que ejecutaran labores agrícolas.
“En materia de seguridad alimentaria el gobierno actual marcará un antes y un después. Muestra de ello es el declarar inconstitucional el manejo de los L4,000 millones por parte de las Fuerzas Armadas. Eso denota que hay voluntad política y conocimiento. Devolverle a los entes capacitados como la Secretaría de Agricultura (SAG) e Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (Ihma), el manejo de la seguridad alimentaria nos da una impresión positiva. Vemos que hay voluntad política para trabajar con las alcaldías en la entrega del bono tecnológico”, dijo Hermin Urquía, gerente de planificación de Amhon.
Las tres administraciones anteriores, a criterio de Urquía, no lograron mitigar el impacto de los fenómenos climáticos, garantizar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza en el corredor seco porque diseñaron y ejecutaron estrategias “hechas de manera inconsulta”.
“La planificación de la inversión en el agro no ha sido contextualizada, no ha sido aterrizada. Muchas de las políticas públicas en materia agroalimentaria las han construido de arriba hacia abajo. Cuando de políticas públicas se trata, se deben construir desde abajo, desde la base hacia arriba. Si les preguntáramos a los productores qué necesitan como apoyo, probablemente nos dirían lo contrario de lo que han estado haciendo”, dijo.
