En fuertes aprietos ha colocado la Ley Especial Sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas a varios funcionarios del Estado, quienes hablan plácidamente por sus aparatos telefónicos sin pena ni gloria sobre los intereses de Honduras.
Es hasta hace unos días que la conocida “ley de escuchas” retoma el debate público sobre los alcances de esta normativa que tiene en jaque al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Víctor Lozano y al vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, este último investigado por el Ministerio Público por supuesto tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Según la ley, es objeto de escuchas telefónicas una persona que esté siendo investigada o una que tenga una causa judicial en curso. “Esta ley tiene por objeto intervenir escuchas telefónicas a casos concretos determinados por un juez”, se explica en el artículo dos.
Tal y como quedó establecido en su finalidad, la “ley de escuchas” o “pinchazos telefónicos” como se le conoce comúnmente, es una herramienta esencial en la lucha contra la criminalidad tradicional y sobretodo contra la criminalidad organizada o no convencional.
Proceso
Para el diputado de Libertad y Refundación, Rasel Tomé, también expresidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el proceso de la escucha telefónica está perdiendo el control.
“Es violatorio a las garantías constitucionales. Siempre me he pronunciado en contra de este proceso policial que se está llevando a cabo en el país, porque es un retroceso. Los que andaban promocionando ayer esta “ley de escuchas” que hoy han sido escuchados, ahora dicen que está mala. El Gobierno nos escucha, a los políticos, a todo el Congreso Nacional, a la Corte Suprema y a los medios de comunicación”, afirmó Tomé.
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad del Legislativo, Tomás Zambrano, dijo que hay casos que por su complejidad en la investigación, requieren de esta ley que ha sido de mucha utilidad.
“Con las herramientas tradicionales de investigación del delito era imposible su comprobación o identificar sus autores. La misma ley dice que deben ser en casos excepcionales”, agregó.
Ministerio Público solo pide orden de escuchas a juez
Autoridades del Ministerio Público explicaron a LA PRENSA que no les corresponde decidir sobre las escuchas telefónicas que se le realizan a investigados durante un proceso judicial.
El vocero de la Fiscalía, Yuri Mora, dijo que una escucha telefónica solo se puede llevar a cabo si un juez lo ordena.
“El Ministerio Público solicita a un juez, el que da la orden a oficina de inteligencia, quienes procesan la solicitud. Así es como funciona este proceso, pero en la Fiscalía no hay ni tecnología para llevar a cabo una escucha telefónica. No solo eso, no se tienen las facultades jurídicas para hacerlo”, explicó Mora.
Según la Ley Especial Sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría General de la República, les corresponde hacer las solicitudes para escuchar a un investigado, a un juez con jurisdicción nacional. “Si el juez determina que se lleve a cabo este procedimiento es porque hay una investigación en proceso. Es necesario conocer a fondo la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas”, agregó Mora.
