Florida cerca de aprobar nueva ley antiinmigrante

El Comité Judicial del Estado de Florida, Estados Unidos, aprobó el pasado lunes la ley SB 2040 con cinco votos a favor y dos en contra.

La medida es considerada una copia de la ley SB 1070 aprobada en el estado de Arizona, que limita los derechos de los inmigrantes indocumentados en ese país. Esta norma será turnada a la Cámara de Representantes para su aprobación o improbación. Si se aprueba sería ley.

Organizaciones de hondureños en Estados Unidos y defensores de los derechos de los migrantes en Honduras coinciden en que la región debería gestionar la aprobación de la reforma migratoria en EUA. Sólo de esa forma se podría resguardar la estabilidad laboral de miles de hondureños y centroamericanos que viven indocumentados en ese país y que actualmente enfrentan una avalancha de leyes antiinmigrantes. La reforma migratoria es un proyecto que permanece dormido desde la administración del ex presidente George W. Bush.

El presidente Barack Obama también se vio obligado, por cuestiones políticas, a hacer a un lado esa reforma, aunque en su discurso de campaña prometió buscar la aprobación de esa ley.

Para sor Valdette Willeman, encargada del Centro de Atención al Migrante Retornado, CAMR, en ese país se están endureciendo las leyes y lo único que vendría a apaciguar el ambiente es la reforma migratoria.

Jorge Rivera, de la Liga de Latinos Unidos, expresó que para lograr la reforma migratoria es necesario que todos los Gobiernos de la región se unan y soliciten al Congreso, al Senado y al Poder Ejecutivo estadounidenses que concluyan ese proceso. Francisco Portillo, de la Organización Francisco Morazán, con sede en Miami, pidió al presidente Porfirio Lobo Sosa “atender” este asunto lo antes posible.

Graco Pérez, experto en relaciones internacionales, analizó que “debe tenerse presente que definir la política migratoria es potestad de EUA”. En ese país residen alrededor de un millón de connacionales, de los que unos 650,000 son indocumentados y cerca de 70,000 tienen un Estatus de Protección Temporal, TPS, y le aportan a Honduras unos 2,500 millones de dólares al año.