La fiscalía advirtió ayer que procederá contra el ministro de Educación, Alejandro Ventura, por no aplicar la ley a los maestros en huelga.
La fiscal de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, dijo que el Ministerio Público ha instado a la Secretaría de Educación para que aplique las responsabilidades disciplinarias y administrativas.
“Hemos escuchado con mucha satisfacción que hay una decisión firme del Gobierno de que en aquellos casos donde se establezca que ha habido abandono injustificado de los puestos de trabajo por los maestros, estas responsabilidades disciplinarias van a ser impuestas”.
Ponce manifestó que la Fiscalía ya ha actuado y “ahora le corresponde al Gobierno sancionar a los docentes”.
“La única acción penal que cabe es contra aquellos funcionarios que, omitiendo sus deberes, no apliquen correctamente la ley. En este caso, el secretario de Estado en los Despachos de Educación, Alejandro Ventura”, expresó la fiscal.
Negociaciones estancadas
Las autoridades del Gobierno no lograron ayer acuerdos definitivos con los docentes en huelga.
Hasta anoche, los maestros continuaban “atrincherados” en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM, mientras la comisión negociadora del Gobierno hacía algunas consultas ante los representantes de Finanzas.
La comisión integrada por el ministro de Planificación, Arturo Corrales, el ex presidente Rafael Leonardo Callejas y el ex fiscal adjunto Humberto Palacios Moya comenzó a revisar ayer las demandas económicas que pusieron en la mesa los miembros de la dirigencia magisterial.
Según Corrales, los puntos en negociación son la deuda que el Gobierno mantiene con el Inprema, varios aspectos económicos del Estatuto del Docente, la revisión de varias deducciones que los educadores aseguran que se hicieron irregularmente y la revisión de la Ley Retributiva que tiene que ver con el salario mínimo.
“Los cuatro temas hemos dicho que los analizaremos de uno en uno”, explicó el funcionario.
Ha despertado curiosidad que los maestros incorporaron a sus demandas la continuidad del Programa de Ajuste Social y Calidad Educativa, Pasce, consistente en un bono de 12,000 lempiras al año adicionales al salario de cada maestro.
El beneficio fue pactado en agosto de 2006 por tres años (2007, 2008, 2009) a cambio de mejorar la calidad educativa.
Los sacan del hotel
Las negociaciones entre el Gobierno y los maestros fueron interrumpidas al mediodía por la presencia de decenas de profesores y simpatizantes de la resistencia liberal afuera de un hotel de la capital.
El desorden y los actos vandálicos obligaron a los ejecutivos del hotel a solicitar a los dirigentes magisteriales y a los representantes del Gobierno abandonar el local por la presencia de los manifestantes que impidieron el ingreso de varios elementos del ejército que llegaron a dar seguridad.
A eso de la 1.30 de la tarde, la comisión del Gobierno determinó trasladarse a Finanzas a informar sobre las discusiones en relación con la deuda que el Gobierno tiene con el sector magisterial e Inprema, que supera, según se acordó, los 4,000 millones de lempiras.
Gobierno está al día
Al respecto, Corrales mencionó que en 2010 el Gobierno está al día con el pago a los maestros bajo dos modalidades. Una de ellas es el pago de aproximadamente 600 millones de lempiras en efectivo y 1,000 millones en bonos, en relación con el Inprema.
Edwin Oliva, presidente del Colprosumah, reconoció que el pago de casi 4,000 millones de lempiras al Inprema no es fácil, por lo que se deben construir escenarios.
“El Inprema no está pidiendo que le regalen nada, que le donen nada ni que le presten nada. El Inprema necesita que le devuelvan su dinero porque la lógica dice que el Estado debe tener el dinero disponible porque salió de nuestro salario y son fondos que debieron transferirse mensualmente”, dijo Oliva.
El dirigente declaró que las exigencias del magisterio consisten en la cancelación de la deuda del Gobierno al Inprema y la destitución del secretario de Educación, Alejandro Ventura.
