El empresario agrícola Miguel Facussé dijo que sólo tiene en venta mil hectáreas al precio que quiere el Gobierno y rechaza cualquier insinuación orientada a expropiarle sus tierras ocupadas por el Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán, Muca.1
Ejecutivos de la empresa Corporación Dinant, propiedad del empresario, dijeron que el inversionista está a la espera de la respuesta del Gobierno a una contrapropuesta en la que precisa el número de hectáreas que está dispuesto a vender y el precio por hectárea.
Esto complicaría la situación porque el acuerdo que procura ponerle fin al conflicto agrario habla de tres mil hectáreas cultivadas en una primera fase, otras tres mil no cultivadas en una segunda etapa y cinco mil adicionales el próximo año.
Tierras ocupadas
Los campesinos, según el INA, están replegados en las tres mil hectáreas distribuidas en seis fincas; aunque el empresario Facussé asegura que las tierras ocupadas superan las cinco mil hectáreas.
El director del Instituto Nacional Agrario, INA, César Ham, advirtió anteayer expropiarle las tierras al productor de palma africana si continúa con su pretensión de cobrar 250,000 lempiras por hectárea, lo cual significaría una erogación estatal de 750 millones.
Ham dijo que, según el avalúo que ha hecho el Gobierno, con el apoyo de técnicos especializados, “nos arroja una cantidad de 282 millones” (80,000 lempiras por hectárea) y el inversionista está demandando 250,000 por hectárea.
“No existe procedimiento legal de expropiación sobre tierras eficientemente cultivadas y que están cumpliendo con su función social, tal como lo estipula la misma Ley de Reforma Agraria”, respondió Facussé en un comunicado distribuido por sus ejecutivos.
“La empresa”, añade, “nunca ha tenido en venta las tierras que están en plena producción y que son de su legítima propiedad, tal como se ha acreditado en los tribunales de justicia. Hacer reforma agraria sobre tierras plenamente cultivadas y en producción no es reforma agraria, esto es sencillamente un atraco y venta de sus frutos; es decir, en términos simples, es permitir que los invasores sólo lleguen a cosechar”.
Como el Gobierno no acepta pagar 250,000 lempiras por hectárea y sólo ofrece 80,000, “se ha hecho una contrapropuesta de la que no hemos recibido contestación, la cual consiste en que la Empresa acepta el precio del INA pero solamente sobre la venta de mil hectáreas”, dice el comunicado.
Esta propuesta se basa en que “la pérdida económica es demasiado alta y que, por tratarse de un problema nacional, la misma debería ser compartida por todos los empresarios grandes del esa actividad”.
“El INA y el Muca hablan de plantaciones en mal estado, de ser así, surge la pregunta es: ¿cuál es el interés de comprar malas plantaciones? Hablan de una valoración realizada por técnicos especializados, los cuales tienen un serio conflicto de intereses, ya que son ex empleados de Dinant, los cuales fueron despedidos por razones en su desempeño”.
