“En estos momentos es una amenaza para cualquiera que disienta de la política oficial del Gobierno”, expresó Ramón Custodio López, comisionado nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), refiriéndose al juicio político que fue aprobado por el Congreso Nacional.
Custodio López recordó que “el juicio político estuvo vigente en Honduras por varios años y durante la crisis de 1985 no fue aplicado a nadie”.
Por lo que con la determinación tomada por el Poder Legislativo “entonces ahora vamos a ejercer la libertad de expresión bajo riesgo de juicio político y eso es sencillamente una medida más en contra de la libertad de expresión, precisamente en la víspera del Día de la Libertad de Expresión en todo el mundo”, enfatizó el comisionado de Derechos Humanos.
El funcionario recomienda “que lo que está haciendo el Congreso Nacional, de reparar los errores cometidos y los borradores incorrectos que aplicaron, los vuelvan a poner en vigencia en la Constitución de la República y que toda reforma constitucional se aprueba en el subsiguiente período, es decir, que no sea en la siguiente legislatura, sino en la que continúa de la siguiente”.
Esta nueva figura deberá ser ratificada constitucionalmente por las dos terceras partes de los diputados, en la cuarta y última legislatura del Congreso Nacional. La reforma legislativa quedó plasmada por adición en el artículo 205 de la Constitución de la República en su numeral 15 relativo a las facultades del CN, la cual dice: “Practicar el juicio político de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley especial de Juicio Político a los servidores públicos y por las causas establecidas en el Artículo 232 de esta Constitución.
Oswaldo Ramos Soto: “Viene a constituir una garantía
Para el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, donde existe un Estado de derecho también se debe contar con todos los procedimientos para el enjuiciamiento político de los altos funcionarios del Estado.
“Yo creo que esto viene a constituir una garantía, de ahora en adelante y en los próximos gobiernos, para que los funcionarios respeten las leyes y estén sabidos que si incurren en responsabilidad, van a ser sometidos a un procedimiento político”, aseveró el abogado.
Añadió que una responsabilidad política, a la cual sea condenado un funcionario con una destitución, puede llevar implícitas responsabilidades civiles, penales o administrativas.
Para Ramos Soto, el juicio político es un proceso preventivo, “si en el futuro hay problemas con el Presidente, como el caso 2009, ya sea con los magistrados, diputados, miembros de corporaciones y altos funcionarios, tiene que someterse al juicio político”.
A su criterio es correcto que se implemente, aunque “para mí, la destitución del Presidente debería ser por tres cuartas partes”, expresó.
Darío Banegas: “Así como se aprobó es un riesgo”
“Me parece antidemocrática la concentración de poder y no entiendo cuál es la prisa de aprobarlo sin debatirlo”. Estas fueron algunas de las razones por las que el diputado liberal Darío Banegas votó en contra de la aprobación del juicio político.
Aseveró que sería el mismo Congreso el que asume el papel de fiscal acusador y de juez sentenciador.
Banegas admitió que el juicio político es un gran instrumento para evitar crisis institucionales, “pero así como quedó aprobado es un riesgo. Siempre funciona mejor un Estado cuando hay pesos y contrapesos entre las instituciones”. Dijo que sería “espantoso” pensar en que se trata de otra técnica para permanecer en el poder.
Para el diputado liberal, el mecanismo es necesario como prevención para cuando se presente una circunstancia que amerite su aplicación. “No hay duda que a los que han hecho cosas arbitrarias destituyendo funcionarios les ha venido a funcionar como lavatorio de pies y manos. Que no vengan a decirnos los tradicionales que la causa de nuestras tragedias es la falta de un juicio político”.
Ramón Velásquez Názar: No se incluyó la frase “traición a la patria”
El Congreso Nacional a última hora no incluyó la frase “traición a la Patria” como una de las causales para someter a juicio político a un alto funcionario porque las citadas en el artículo 234 equivalen a ese concepto, explicó el vicepresidente y proyectista Ramón Velásquez Názar.
En el artículo en referencia se establece que será sometido a juicio político quien practique “actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo”, señaló Velásquez Názar.
“Debe entenderse como que no se cumple con la patria en las responsabilidades que el Estado le ha asignado, sea por negligencia, mala intención, deformación o incapacidad”, añadió el diputado democristiano.
Raúl Pineda. “Es una mala copia de otros países”
El juicio político aprobado antenoche por el Congreso Nacional es “inadmisible” porque convierte a este poder del Estado en juez y parte, en opinión del analista político Raúl Pineda.
“Es una mala copia de otros países. Es inadmisible que la persona jurídica, como institución, sea acusador y al mismo tiempo juez. El procedimiento que respeta el principio del debido proceso establece que el que acusa no puede ser el que juzga”, dijo el exdiputado del Partido Nacional.
“Esta reforma”, dijo Pineda, “al igual que la suspensión de la inmunidad, es innecesaria, y seguramente demagógica. Se quitó la inmunidad a los funcionarios del Estado y no existe ningún funcionario que haya sido sometido a juicio”.
Para el entrevistado, si el juicio político cae en manos de un político mal intencionado, lo aprovechará para reprimir políticamente.
“Frente a los grandes problemas del país no es una reforma que puede ser considerada como oportuna. Técnicamente la veo como mal elaborada y políticamente peligrosa”, añadió.
El Congreso Nacional aprobó la noche del martes el juicio político. La figura fue recomendada por la Comisión de la Verdad nombrada por el Ejecutivo para investigar los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.
