Muchos consideran que ingresar a la Empresa Nacional Portuaria, ENP, es una odisea; sin embargo, para otros, entrar y extraer material es pan comido.
La seguridad y el control de la institución quedaron burlados al revelarse el hurto de tubos valorados en varios millones de lempiras, propiedad de una empresa privada y el corte y extracción de un brazo de la grúa Paceco, los cuales fueron sacados de la Portuaria como desperdicios o chatarra, utilizando fotocopias de un permiso para sacar 50 baterías.
Basta tener acceso a los vídeos de seguridad para conocer los actos que se han realizado a plena luz del día, eludiendo la seguridad que se pregona.
En cada rincón de la portuaria hay cámaras instaladas para detectar casos como éste.
Al parecer, las grabaciones no han sido monitoreadas por las autoridades que manejan el sistema de seguridad y aparentemente son almacenadas sin ningún tipo de supervisión.
Rastreo
Las cámaras de la portuaria captaron la imagen de una rastra blanca que ingresó a los predios de la empresa el 18 de septiembre de este año.
En el vehículo pretendían sacar cinco tubos propiedad de la empresa Jan De Nul que están al cuidado de la Portuaria y son utilizados en las operaciones de dragado de dicha compañía.
Por este caso fueron procesadas tres personas, a quienes se les
dictó auto de prisión y se les prohibió salir del país.
Los materiales fueron recuperados y devueltos a la ENP.
Los acusados responden a los nombres de Jesús Sánchez Flores, 52; Alexis Jesús Sánchez Bardales, 30 y Natividad Caballero, 36, detenidos el 20 de septiembre a las 5.20 de la tarde y acusados por hurto agravado contra la Empresa Nacional Portuaria.
Según el expediente 161-2006, Sánchez Bardales declaró que siempre ha comprado chatarra en la portuaria, pagando por ello y obteniendo los permisos requeridos.
Investigarán a ex gerente
Ante esta situación, el Ministerio Público anunció hace unas semanas que investigará al ex gerente de la ENP, Manuel Arriaga Yacamán y a otros personeros de la institución que supuestamente están involucrados en el caso al que se le llamó “tubazo”.
En su defensa, Yacamán aseguró haber recibido y autorizado la solicitud en la cual se pedía la venta de 50 baterías en mal estado y desperdicios de chatarra que no representan ninguna utilidad para la empresa.
“Auditoría entregó legalmente lo que correspondía. Lo que hicieron después las personas que están acusadas fue sacar fotocopias del permiso original para ingresar a la empresa y sustraer más material”, señaló.
Yacamán explicó que el proceso fue ilegal porque cada trámite que se hace dentro de la portuaria debe ser con documentación y firma original.
Además, aseveró que si un vehículo sale de las instalaciones sin ser interceptado por el sistema de seguridad es responsabilidad de la Policía Portuaria.
El ex gerente indicó que los permisos para la compra de chatarra o cualquier otro material deben ir en papel membretado y con la firma original de los departamentos de Auditoría y Gerencia.
Proceso
Luego de varios ingresos a la empresa, los acusados fueron remitidos por el mayor Pablo Villeda López, oficial de la Unidad de Protección Portuaria, UPP, por querer salir de las instalaciones de la ENP en un cabezal, marca internacional, color blanco, azul y negro, placa AAC-7816, sustrayendo los cinco tubos de diferentes tamaños.
“Entramos con permiso de la UPP al recinto portuario, le he comprado llantas, baterías viejas y desechos de chatarra. Lo poco que he comprado siempre ha sido legalmente”, señaló Sánchez.
El acusado afirmó que los permisos para sustraer la chatarra fueron firmados por el gerente de la ENP, José Manuel Arriaga Yacamán, el auditor interno Constantino Colindres, el jefe de la UPP, Pablo Gerardo Villela, y el superintendente, Aníbal Umanzor.
Sánchez aseveró que el permiso no especifica el lugar de los predios de la empresa en donde se encuentra la chatarra que pueden sustraer.
“Los tubos son chatarra, no le sirven a la empresa”.
Los imputados señalaron que una vez a la semana ingresaban a las instalaciones de la portuaria en diferentes horarios.
“Cuando los tubos son grandes se los cortamos con acetileno, que son autorizados por la UPP”. La versión de Sánchez fue reforzada por la de su hijo Alexis, quien afirmó haber ingresado a las instalaciones de la ENP en varias ocasiones.
“Me sorprende que nos acusen. Nosotros tenemos el permiso firmado por el jefe de seguridad de la UPP; además, auditoría nos cobra la chatarra a un precio que ellos estipulan conveniente para la empresa”.
Riesgo
Las violaciones a la seguridad de este puerto no acaban allí. El viernes 7 de julio de este año, vecinos aledaños a la portuaria llamaron a la estación de bomberos reportando un incendio en un contenedor que se encontraba dentro de las instalaciones de la portuaria.
El comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, Hernán Canales, confirmó que según el libro de novedades de la estación se registró para esa fecha un pequeño incendio en los recintos de la portuaria.
Canales reveló que éste se produjo a causa de una chispa de soldadura, ya que estaban cortando las láminas de un contenedor con equipo de acetileno sin contar con las medidas de seguridad necesarias.
“El contenedor lo habían vendido como chatarra y se encontraba en el patio próximo al crique Kilimaco, el trabajo lo hacía personal de un contratista externo”, indicó.
Canales señaló que el uso de acetileno es regulado por la oficina de seguridad de la portuaria.
Sin embargo, en el expediente se declara que el hecho se produjo el 20 de septiembre, a las 11 de la mañana, cuando se encontró a un grupo de personas operando equipo de acetileno y cortando la estructura de las patas de la grúa Paceco, propiedad de la Empresa Nacional Portuaria con número de registro 05-204502-8.
El 7 de diciembre pasado Puerto Cortés fue declarado oficialmente como Megapuerto, para esta fecha el gerente de la portuaria, Edwin Araque, anunció la inversión de 3,000 millones de lempiras a mediano plazo.
El gerente Edwin Araque no quiso referirse al tema.
Dato
Certificado
Puerto Cortés es el número 40 que cuenta con la certificación de un puerto seguro a nivel mundial.
Cifras
400 mil contenedores
Es el movimiento actual de la ENP; en cinco años se espera el doble de cobertura.
400 millones de lempiras
Fue la transferencia de este año de la Empresa Nacional Portuaria al Gobierno.
OMI: Puerto Cortés, puerto seguro
La Organización Marítima Internacional, OMI, certificó al principal puerto de Honduras el 29 de junio de 2004, en cumplimiento con las exigencias que dicta el código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, Pbip, con el objeto de disuadir, detectar y responder a la ocurrencia de actos terroristas.
Para lograr la certificación, la ENP invirtió 16 millones de dólares para adquisición de equipos, construcción de obras, conformación de la nueva Unidad de Policías Portuarios, UPP, y capacitación de sus miembros.
Por la ubicación estratégica del puerto y la creciente porción de su tráfico con EUA, se implementó el sistema de rayos gamma para escaneo de contenedores.
La certificación garantiza al país exportar mercancías a todos los mercados del mundo sin ningún tipo de restricción.
