La Fiscalía de Defensa de la Constitución ya emitió su opinión legal, resta que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, resuelva si el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, puede aspirar a ser precandidato a la presidencia de la República.
En una opinión legal esta fiscalía establece que es inconstitucional el artículo 240, el cual inhabilita al presidente del Congreso a ser candidato a la máxima magistratura de la nación. Sin embargo, la resolución si se declara o no inconstitucional el artículo 240 constitucional está en manos de los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional, de la CSJ. La fiscalía ya remitió al Poder Judicial el expediente que contiene la opinión legal que concluye que el presidente del Congreso puede aspirar a la Presidencia, afirmó Georgina Sierra, fiscal especial de la Defensa de la Constitución.
Admisión
Una vez notificadas las partes, que podría hacerse la próxima semana, la Sala Constitucional tiene un plazo establecido en la ley de diez días, que sería en noviembre, para resolver sobre el recurso de inconstitucional al artículo 240, explicó.
De no existir unanimidad entre los cinco magistrados de la Sala Constitucional, el recurso será turnado al Pleno de magistrados de la CSJ para que sea ésta la instancia que emita su fallo. La impugnación al artículo 240 Constitucional fue promovido por apoderados legales de Micheletti, el cual fue admitido por haberse reformado un artículo pétreo.
Tras recibir el recurso, la Sala Constitucional solicitó a la fiscalía que emitiera una opinión legal sobre el mismo.
Micheletti arranca sus cuadros en enero si el fallo es favorable.
Para el fiscal general Leónidas Rosa Bautista, la opinión legal que emitió el Ministerio Público está fuera de todo tinte político.
'Desde el punto de vista fiscal no lo vemos como un dictamen a favor de nadie', expresó.
En el estudio elaborado por la fiscalía, explicó, se concluye que no se debió hacer una reforma a un artículo pétreo ya que el propio poder constituyente originario determinaba la imposibilidad de esa reforma.
'El estudio efectuado por la fiscalía trata de un proceso técnico, científico y jurídico, y no de una posición que defina privilegios o ventajas para nadie, es una posición eminentemente jurídica, no es política', aseguró.
Sépalo
Por mandato de la ley el dictamen de la fiscalía no es vinculante a lo que pueda resolver la CSJ, sirve como una ilustración para este poder del Estado.
