Tegucigalpa, Honduras.
Las investigaciones sobre el descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) revelan ahora que dos extrabajadores y un empleado se aprovecharon de la institución para saquear 10 millones de lempiras.
Así lo detalla el informe presentado ayer por las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). El caso refiere a una segunda línea de investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito.
El primer señalado por el CNA es Alberto Antonio Barahona Rivera, quien se desempeñó desde 2010 hasta febrero 2014 como subgerente de sistematización e informática del Seguro Social.
La investigación indica que Barahona devengaba un sueldo de 43,600 lempiras, pero abandonó su trabajo al darse cuenta de las investigaciones efectuadas en el IHSS.
En total, sus ingresos legales superaban los 2.1 millones de lempiras anuales, pero sus egresos fueron de 7.1 millones de lempiras, por lo que hay un déficit de 4.9 millones.
Otro de los implicados es René Israel Medina Romero, este laboró para el IHSS desde 2003 como coordinador de registro y control de patronos y a mediados de 2008 pasó a ser coordinador de licitaciones hasta julio de 2014. Medina fue cancelado por la junta interventora por el otorgamiento de la licitación para adquirir equipo a la empresa Distribuidora Metropolitana SA de CV (Dimesa).
El informe detalla que Medina tenía un ingreso de 1.5 millones de lempiras, pero sus egresos superaban los 3.5 millones de lempiras, es decir, que hubo un déficit de 1.9 millones de lempiras.
Las investigaciones sobre el descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) revelan ahora que dos extrabajadores y un empleado se aprovecharon de la institución para saquear 10 millones de lempiras.
Así lo detalla el informe presentado ayer por las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). El caso refiere a una segunda línea de investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito.
El primer señalado por el CNA es Alberto Antonio Barahona Rivera, quien se desempeñó desde 2010 hasta febrero 2014 como subgerente de sistematización e informática del Seguro Social.
La investigación indica que Barahona devengaba un sueldo de 43,600 lempiras, pero abandonó su trabajo al darse cuenta de las investigaciones efectuadas en el IHSS.
En total, sus ingresos legales superaban los 2.1 millones de lempiras anuales, pero sus egresos fueron de 7.1 millones de lempiras, por lo que hay un déficit de 4.9 millones.
Otro de los implicados es René Israel Medina Romero, este laboró para el IHSS desde 2003 como coordinador de registro y control de patronos y a mediados de 2008 pasó a ser coordinador de licitaciones hasta julio de 2014. Medina fue cancelado por la junta interventora por el otorgamiento de la licitación para adquirir equipo a la empresa Distribuidora Metropolitana SA de CV (Dimesa).
El informe detalla que Medina tenía un ingreso de 1.5 millones de lempiras, pero sus egresos superaban los 3.5 millones de lempiras, es decir, que hubo un déficit de 1.9 millones de lempiras.
El último de los señalados es Rony Noé Sandoval Anduray, este aún labora en el IHSS como técnico de soporte y mantenimiento en redes con un salario de 24,627.24 lempiras. La investigación detalla que su ingreso anual es de 1.5 millones de lempiras, pero su egreso fue de 4.7 millones de lempiras, lo que significa que hay 3.1 millones de lempiras que se erogaron, pero se desconoce su origen. A los tres individuos, el CNA los vincula con “empresas fantasmas” que con su accionar desfalcaron el Seguro Social.
En el caso de Barahona se le vincula con la empresa Cosem, que le vendió un sistema de digitalización al Seguro Social y que fue sobrevalorado por un monto de 24.7 millones de dólares.
Bienes
Dagoberto Aspra, jefe de la unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, indicó que Alberto Antonio Barahona Rivera con el dinero sustraído compró en agosto de 2012 una vivienda en Condominios Portal del Bosque por 233,000 dólares.
Posteriormente cedió los derechos de la casa a César Amílcar García Sermeño, quien encabeza la junta directiva de Seuter de Costa Rica y hermano de Mauricio Arturo García Sermeño, representante legal de Cosem, la cual vendió el contrato de digitalización sobrevalorado por $24.7 millones.
El documento fue enviado al Tribunal Superior de Cuentas el 7 de noviembre de 2014, pero hasta la fecho no ha habido acción contra las personas señaladas. El Consejo Nacional Anticorrupción ha criticado la lentitud en acusar a más implicados.
