Una comisión integrada por miembros del Ejecutivo investigará bajo qué condiciones se concesionó la represa de Nacaome.
La determinación fue tomada en la primera reunión oficial de Consejo de Ministros que se llevó a cabo el mediodía de ayer en Casa Presidencial.
El fin de la investigación es aclarar las dudas sobre la concesión de la represa Nacaome, otorgada a una firma italiana durante la administración anterior.
“Quedaron personas responsables para darle seguimiento. Fue un tema de discusión y se tiene que investigar”, manifestó Mario Canahuati, canciller de la República.
Antes de concluir su período, específicamente el 13 de enero, el pasado Congreso Nacional, CN, aprobó un contrato de concesión para el mejoramiento, operación y explotación de la central hidroeléctrica José Cecilio del Valle.
El contrato se adjudicó a un consorcio italiano y a la denominada empresa mercantil hondureña Eléctrica de Nacaome, Enasa.
Se denunció que en el otorgamiento de dicha concesión se habría violado la Ley de Contratación del Estado pues no existe licitación transparente.
Si la concesión se lleva a la práctica, la diputada por Valle, Ana Julia García, denunció que se perdería una donación de 25 millones de euros por parte de Italia para promover el desarrollo de Nacaome.
Ante la denuncia, el CN nombró una comisión para investigar y dar un informe al pleno.
Para ese efecto, el Legislativo, a través del diputado Toribio Aguilera, le pidió al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, TSC, iniciar una investigación sobre si la adjudicación del contrato fue transparente y confirmar si se cumplieron o no los requisitos de una licitación pública.
La comisión presentará un informe dentro de los próximos quince días.
Frenarán contratos
A petición de la junta directiva del CN se mandará a revisar todos los contratos aprobados en el último trimestre por la última legislatura, como lo publicó ayer LA PRENSA.
En total se aprobaron unos 150 contratos y concesiones, entre ellos, el de la represa de Nacaome, obras públicas y los de tipo laboral.
De igual forma, el CN dictamina un proyecto de ley orientado a detener todos los contratos, concesiones y acuerdos emitidos por la última legislatura.
La iniciativa la presentó el diputado Rolando Dubón Bueso. En la exposición de motivos, Dubón argumenta que los contratos deben frenarse porque es necesario estar “conscientes de la difícil situación económica heredada al Gobierno debido al manejo inadecuado de los recursos económicos”.
El presidente del CN, Juan Orlando Hernández, nombró una comisión para que lo dictamine y proceder posteriormente a su debate ante el pleno.
Piden contrato
La denuncia de irregularidad en la adjudicación del contrato de concesión obligó a las fiscalías del Medio Ambiente y contra la Corrupción a tomar cartas en el asunto.
Como primera diligencia, la Fiscalía del Medio Ambiente envió ayer un oficio al CN solicitando copia del contrato para revisarlo.
“Efectivamente, esta oficina tiene lista la petición oficial a los entes que investigan este caso. Llamemos el Congreso Nacional y Comisionado de Concesiones, que deberán tener copia de este importante documento”, informó el fiscal especial del Medio Ambiente, Aldo Santos.
De entrada, esta Fiscalía quiere revisar si el proyecto de la represa tiene impacto ambiental.
La Fiscalía contra la Corrupción espera también la copia del contrato aprobado para estudiarlo, expresó el fiscal especial Henry Salgado.
El TSC también investiga
El TSC investiga la forma en que se adjudicó la cuestionada concesión para determinar si se aprobó o no de forma transparente con base en la Ley de Contratación del Estado.
“Esperamos que nos den un resultado a la mayor brevedad posible para hacer los análisis”, expuso.
“Si hay alguna irregularidad, procederemos contra los que haya que proceder, contra las personas que hayan violado la ley”, advirtió. Si por el contrario se confirma que no existe violación de la ley, el expediente se archivará.
La Ley de Concesiones establece que éstas pueden ser de tres tipos: nacionales, internacionales y por solicitudes de partes.
En este caso expuso que, si se cumplen los requisitos, existe la posibilidad de que se otorgue una concesión sin necesidad de llevar a cabo un proceso de licitación.
“Hay la posibilidad de no hacer licitación en ciertas circunstancias; si cumplió los requisitos, eso se analizará en el caso concreto”, expresó Salgado.
En este caso, expuso que “existe la posibilidad legal de que se haya hecho bajo el canon de la ley”.
La norma legal es la licitación pública, pero hay circunstancias en que, según la ley, puede concederse un proyecto sin licitar; sucede a solicitud de particulares.
Para el caso, si un empresario avizora un proyecto, puede presentar una solicitud para que el Estado lo adjudique.
