San Pedro Sula, Honduras.
Al Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula ingresa un promedio de 3,600 demandas al año, de las cuales el 80% son por divorcio de mutuo acuerdo y pensión alimenticia. Las mujeres son las que más demandas por alimento interponen en dicha judicatura; mientras que los hombres son por divorcio.
Mensualmente ingresan al Juzgado entre 250 y 300 requerimientos que cuando pasan a juicio son atendidos por los siete jueces asignados para esos casos.
Las estadísticas indican que el reconocimiento de paternidad forzosa ocupa el tercer lugar en requerimientos, en promedio ingresan entre seis y diez al mes. En octubre fueron interpuestas seis demandas.
Por suspensión de patria potestad entran al Juzgado de Familia de 9 a 15 demandas mensualmente. Estos casos son cuando la madre o el padre piden al juez se les dé la custodia de los hijos porque hay un riesgo social.
En cuanto a la separación de hecho se presentan entre tres y cinco solicitudes al mes en promedio.
Reforma
En mayo de 2016, los diputados del Congreso Nacional aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Maternidad y Paternidad Irresponsable.
La reforma indica el procedimiento para garantizar que los niños sean reconocidos legalmente por sus padres, y para determinar cuando sea necesario, la maternidad o paternidad con certeza jurídica responsable.
Según la normativa, los padres que incumplan con la obligación para sus hijos se les negará la licencia de conducir, la emisión del pasaporte y la aprobación de una tarjeta de crédito.
Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense, comentó que la institución recibe del Juzgado un promedio de seis solicitudes semanales de exámenes de ADN para determinar la paternidad del demandado.
Señaló que el laboratorio de genética está en Tegucigalpa, y en San Pedro Sula se toman las muestras y una vez procesados los resultados se envían y notifican a los solicitantes.
“La gente que tiene dinero y medios paga, los que no, se les hace un estudio socioeconómico y se les exonera del pago. A un padre irresponsable le cuesta el examen entre 650 y 700 dólares”, expresó la doctora.
Al Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula ingresa un promedio de 3,600 demandas al año, de las cuales el 80% son por divorcio de mutuo acuerdo y pensión alimenticia. Las mujeres son las que más demandas por alimento interponen en dicha judicatura; mientras que los hombres son por divorcio.
Mensualmente ingresan al Juzgado entre 250 y 300 requerimientos que cuando pasan a juicio son atendidos por los siete jueces asignados para esos casos.
Las estadísticas indican que el reconocimiento de paternidad forzosa ocupa el tercer lugar en requerimientos, en promedio ingresan entre seis y diez al mes. En octubre fueron interpuestas seis demandas.
Por suspensión de patria potestad entran al Juzgado de Familia de 9 a 15 demandas mensualmente. Estos casos son cuando la madre o el padre piden al juez se les dé la custodia de los hijos porque hay un riesgo social.
En cuanto a la separación de hecho se presentan entre tres y cinco solicitudes al mes en promedio.
Reforma
En mayo de 2016, los diputados del Congreso Nacional aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Maternidad y Paternidad Irresponsable.
La reforma indica el procedimiento para garantizar que los niños sean reconocidos legalmente por sus padres, y para determinar cuando sea necesario, la maternidad o paternidad con certeza jurídica responsable.
Según la normativa, los padres que incumplan con la obligación para sus hijos se les negará la licencia de conducir, la emisión del pasaporte y la aprobación de una tarjeta de crédito.
Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense, comentó que la institución recibe del Juzgado un promedio de seis solicitudes semanales de exámenes de ADN para determinar la paternidad del demandado.
Señaló que el laboratorio de genética está en Tegucigalpa, y en San Pedro Sula se toman las muestras y una vez procesados los resultados se envían y notifican a los solicitantes.
“La gente que tiene dinero y medios paga, los que no, se les hace un estudio socioeconómico y se les exonera del pago. A un padre irresponsable le cuesta el examen entre 650 y 700 dólares”, expresó la doctora.
