San Pedro Sula, Honduras.
Hasta ahora, la batalla contra los extorsionadores en la arena legal no surte los mejores resultados para las autoridades policiales, operadores de justicia y para una sociedad acorralada por los delincuentes. Las cifras lo demuestran.
Entre 2010 y 2016, los hondureños presentaron 5,677 denuncias en las diferentes instituciones del sistema, entre ellas, la Fuerza Nacional Antiextorsión (creada en marzo de 2013 por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad), mas no todas alcanzaron los efectos deseados por las víctimas.
De ese conglomerado de denuncias, solo 1,376 llegaron a los juzgados de letras de lo penal o a los tribunales de sentencia, de acuerdo con registros de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).
En otras palabras, el 76% de las denuncias se desvanecieron por diferentes causas, porque las autoridades policiales no investigaron o porque el Ministerio Público, en los casos averiguados, no encontró elementos para formular acusaciones.
Gracias a denuncias o en operativos, las autoridades, entre ellas los agentes de la FNA, han detenido a 2,249 personas implicadas; pero, al final, una mínima cantidad recibe una sentencia condenatoria.
“Nosotros vemos que capturan, pero capturan a la gente que cobra el dinero, no a los verdaderos delincuentes. En los mercados, por ejemplo, los extorsionadores obligan a los mismos comerciantes a recoger el dinero para que no los agarren a ellos”, dijo una víctima de la extorsión que tienen un negocio en el mercado de La Lima, Cortés.
Sentencias
A partir de cifras del Poder Judicial generadas para esta investigación, entre 2015 y 2016, los juzgados de letras de lo penal y los tribunales de sentencia de todo el país dictaron 274 sentencias condenatorias, equivalentes al 15% de las denuncias recibidas (1,832) por la Fuerza Nacional Antiextorsión en los últimos dos años. Esos fallos no corresponden precisamente a las denuncias atendidas en los últimos dos años por la FNA; sin embargo, revelan la tendencia actual en la batalla legal contra los delincuentes.
En ese lapso, los jueces de los tribunales de sentencia emitieron 57 sentencias absolutorias porque el Ministerio Público no logró presentar pruebas suficientes que incriminaran a los acusados. Los juzgados de letras de lo penal, en igual período, decretaron 19 resoluciones con sobreseimiento definitivo, 25 con provisional y 15 de conciliación.
Dado que la parte acusadora no presentó los elementos objetivos para demostrar la comisión del delito, 116 personas acusadas de extorsión recuperaron su libertad en 20 meses.
Ramón Enrique Barrios, exjuez de la Sala Primera de los tribunales de sentencia de San Pedro Sula, considera que esas cifras indican que “hay una total impunidad contra la extorsión”.
“ No se está combatiendo la extorsión. Creemos que en San Pedro Sula se lavan 20 millones de lempiras al mes producto de la extorsión y detrás de ese lavado existe una estructura que no está siendo atacada”, dijo Barrios durante una entrevista telefónica. La experiencia como extogado del sistema judicial le permite asegurar a Barrios que las autoridades investigativas y el sistema judicial “están capturando al marero, al que cobra, y no al que manda a cobrar la extorsión”.
En 2015, los tribunales de sentencia de Tegucigalpa recibieron 60 casos y emitieron 43 sentencias condenatorias. Los de San Pedro Sula registraron 44 casos y decretaron 19 fallos condenatorios.
A juicio de Julio Orellana, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en el norte, “por falta de una investigación no llegan todas las denuncias a los juzgados y por falta de investigación exhaustiva muchos detenidos salen con libertad”. Reconoce que “se están dando pasos, pero aún falta combatir la corrupción en la Policía y en el Poder Judicial para obtener mejores resultados”.
Hasta ahora, la batalla contra los extorsionadores en la arena legal no surte los mejores resultados para las autoridades policiales, operadores de justicia y para una sociedad acorralada por los delincuentes. Las cifras lo demuestran.
Entre 2010 y 2016, los hondureños presentaron 5,677 denuncias en las diferentes instituciones del sistema, entre ellas, la Fuerza Nacional Antiextorsión (creada en marzo de 2013 por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad), mas no todas alcanzaron los efectos deseados por las víctimas.
De ese conglomerado de denuncias, solo 1,376 llegaron a los juzgados de letras de lo penal o a los tribunales de sentencia, de acuerdo con registros de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).
En otras palabras, el 76% de las denuncias se desvanecieron por diferentes causas, porque las autoridades policiales no investigaron o porque el Ministerio Público, en los casos averiguados, no encontró elementos para formular acusaciones.
Gracias a denuncias o en operativos, las autoridades, entre ellas los agentes de la FNA, han detenido a 2,249 personas implicadas; pero, al final, una mínima cantidad recibe una sentencia condenatoria.
“Nosotros vemos que capturan, pero capturan a la gente que cobra el dinero, no a los verdaderos delincuentes. En los mercados, por ejemplo, los extorsionadores obligan a los mismos comerciantes a recoger el dinero para que no los agarren a ellos”, dijo una víctima de la extorsión que tienen un negocio en el mercado de La Lima, Cortés.
Sentencias
A partir de cifras del Poder Judicial generadas para esta investigación, entre 2015 y 2016, los juzgados de letras de lo penal y los tribunales de sentencia de todo el país dictaron 274 sentencias condenatorias, equivalentes al 15% de las denuncias recibidas (1,832) por la Fuerza Nacional Antiextorsión en los últimos dos años. Esos fallos no corresponden precisamente a las denuncias atendidas en los últimos dos años por la FNA; sin embargo, revelan la tendencia actual en la batalla legal contra los delincuentes.
En ese lapso, los jueces de los tribunales de sentencia emitieron 57 sentencias absolutorias porque el Ministerio Público no logró presentar pruebas suficientes que incriminaran a los acusados. Los juzgados de letras de lo penal, en igual período, decretaron 19 resoluciones con sobreseimiento definitivo, 25 con provisional y 15 de conciliación.
Dado que la parte acusadora no presentó los elementos objetivos para demostrar la comisión del delito, 116 personas acusadas de extorsión recuperaron su libertad en 20 meses.
Ramón Enrique Barrios, exjuez de la Sala Primera de los tribunales de sentencia de San Pedro Sula, considera que esas cifras indican que “hay una total impunidad contra la extorsión”.
“ No se está combatiendo la extorsión. Creemos que en San Pedro Sula se lavan 20 millones de lempiras al mes producto de la extorsión y detrás de ese lavado existe una estructura que no está siendo atacada”, dijo Barrios durante una entrevista telefónica. La experiencia como extogado del sistema judicial le permite asegurar a Barrios que las autoridades investigativas y el sistema judicial “están capturando al marero, al que cobra, y no al que manda a cobrar la extorsión”.
En 2015, los tribunales de sentencia de Tegucigalpa recibieron 60 casos y emitieron 43 sentencias condenatorias. Los de San Pedro Sula registraron 44 casos y decretaron 19 fallos condenatorios.
A juicio de Julio Orellana, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en el norte, “por falta de una investigación no llegan todas las denuncias a los juzgados y por falta de investigación exhaustiva muchos detenidos salen con libertad”. Reconoce que “se están dando pasos, pero aún falta combatir la corrupción en la Policía y en el Poder Judicial para obtener mejores resultados”.
